Andalucía activa su nuevo plan contra las viviendas turísticas ilegales: inspecciones presenciales y control de las ofertas en internet

Inspecciones de viviendas turísticas y alojamientos rurales, visitas a campamentos o agencias de viajes, revisión de los establecimientos hoteleros. La Junta de Andalucía ha activado este 2026 una nueva campaña de control de la actividad turística irregular. El modelo es similar al de ejercicios anteriores, pero este año parte con tres nuevos elementos que condicionan su implantación: la próxima entrada en vigor de la Ley Andaluza de Turismo Sostenible que eleva las multas hasta los 600.000 euros; la entrada en servicio del nuevo grupo Titán de la unidad adscrita de la Policía Nacional y el marco de colaboración con ayuntamientos que ha permitido expulsar hasta ahora a 12.300 viviendas turísticas que ejercían de forma irregular en la comunidad autónoma.

La Consejería de Turismo vuelve a fijar en su plan de inspección como prioridad las viviendas con fines turísticos que ejerzan su actividad de forma clandestina. Se encuentran en ciudades o en entornos rurales, los equipos técnicos de la Junta centrarán buena parte de sus esfuerzos en la detección de estos alojamientos y en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. Una tercera parte de las actividades de control se centrarán en ellos.

"Se realizarán controles a través de un estudio sistemático de la información obtenida fundamentalmente a través de internet o de cualquier otro medio de difusión o a través del buzón de colaboración de la ciudadanía. Se realizarán visitas de inspección a los establecimientos", recoge el plan aprobado por la Consejería para este año 2026 que se centra en aquellos alojamientos que ejerzan su actividad sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y por tanto sin tener autorización para el ejercicio de su actividad.

También habrá planes de control y revisiones presenciales en campamentos de turismo, establecimientos hoteleros que deben acreditar el cumplimiento de la normativa, agencias de viaje y cualquier otro negocio del sector. El objetivo es detectar cualquier actividad clandestina.

Sanciones más elevadas a partir de 2026

El plan de inspección de la Consejería de Turismo para 2026 viene marcado principalmente por la entrada inminente en vigor de la nueva ley de Turismo Sostenible que se encuentra a punto de superar en el Parlamento el debate de enmiendas a la totalidad y que tiene apenas tres meses para completar las alegaciones antes de su entrada en vigor en esta legislatura.

Esta normativa eleva las sanciones hasta los 600.000 euros por actividades turísticas ilegales tanto en viviendas como otros establecimientos. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

En 2024, el último año finalizado, se contabilizaron 528 expedientes sancionadores, de los cuales en torno a 278 se corresponden con situaciones de clandestinidad en la prestación de servicios turísticos como el alojamiento. En total, fueron 125 sanciones leves; 398 graves y 5 muy graves. Por provincias, Málaga concentró la mayor de los expedientes, casi 200 seguido de Granada con 113. Sevilla, pese a su actividad turística, se quedó en sólo 81 multas en ese ejercicio.

Nuevo grupo policial y más acuerdos con ayuntamientos

Los inspectores de la Junta de Andalucía tienen condición de agentes de la autoridad y, por tanto, tienen presunción de veracidad y acierto. Pero, además, desde finales de 2025 su actuación está reforzada por el grupo Titán de la unidad adscrita de la Policía Nacional.

"Este grupo estará orientado a reforzar la legalidad, la calidad y la seguridad del sector turístico andaluz. Entre las líneas principales de actuación está la lucha contra la actividad clandestina e ilegal, la cibervigilancia o patrullaje en la red para detectar ofertas no registradas, así como delitos e infracciones asociados a la actividad turística y que apoyarán la actividad inspectora", recoge el plan aprobado por la Consejería.

A esto se añade la previsión de firmar nuevos convenios de colaboración con los equipos técnicos y las policías locales de ayuntamientos para el control de aquellas viviendas que no cumplan los requisitos para ejercer su actividad. Estos acuerdos han permitido hasta el momento que sean cancelados más de 12.300 pisos turísticos en Andalucía.