Juanma Moreno marca distancias con Vox con su primer plan de memoria histórica: apoya exhumaciones en Sevilla, Cádiz o Córdoba

La Junta de Andalucía aprobó su primer plan de memoria democrática en 2018 que debía estar en vigor hasta el año 2022. Tras una primera legislatura condicionada por el acuerdo de Juanma Moreno con Vox que obligó entre otras cuestiones a sustituir la oficina de memoria histórica por el Comisionado de la Concordia, en 2023 se inició la redacción de un nuevo documento que debía establecer los compromisos de la administración autonómica para el periodo 2024-2027.

Tres años ha tardado en completarse el expediente que finalmente se aprobó en el último Consejo de Gobierno del año 2025 y ha entrado en vigor esta semana tras su publicación el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Justo en la recta final de la legislatura y a las puertas de la campaña electoral. El compromiso es destinar en total 1.478.000 euros al año a trabajos de memoria histórica frente a los 2,6 millones que fijaba como objetivo el anterior documento.

El plan, que promueve la Consejería de Cultura y Deporte, mantiene como prioridad las medidas de "reparación y reconocimiento" de las víctimas del franquismo especialmente las enterradas en fosas comunes en distintos puntos de Andalucía. Repite así los ejes de "verdad, justicia y reparación" que reivindica el movimiento memorialista dentro de la estrategia por ampliar el espacio electoral y de buscar espacios de distanciamiento con Vox. La formación de extrema derecha, allí donde ha tenido que alcanzar acuerdos con el PP ha pedido la supresión de estas partidas como ha ocurrido recientemente en Sevilla.

En este escenario político, el Gobierno andaluz mantiene su compromiso e introduce dos novedades en el modelo respecto a la planificación que estuvo vigente hasta 2022 y desde entonces se ha mantenido prorrogada. Por un lado, una reducción de los compromisos presupuestarios planteando destinar casi la mitad de dinero de los objetivos que se fijaron en 2018 (que no llegaron a cumplirse). Por otro lado, una apuesta por la cooperación administrativa con los ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno central para cofinanciar las principales iniciativas.

"En Andalucía existe un número elevado de fosas pendientes de exhumar. A lo largo de los años las actuaciones en fosas de grandes dimensiones han presentado la problemática del elevado coste de su exhumación frente a la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la recuperación de los restos óseos. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar fórmulas de colaboración administrativa para continuar con los trabajos de exhumación", recoge el nuevo plan de memoria democrática que señala específicamente a las entidades locales como colaboradoras de este plan.

Para ello, el plan establece un compromiso de reserva de 445.000 euros en los años 2026 y 2027 hasta llegar a los 900.000 euros en total. A esta cifra hay que añadirle un gasto de 710.000 euros anuales en la identificación de las víctimas. Hasta alcanzar los 2,3 millones de euros en total en este periodo. La cifra se queda por debajo del volumen previsto en el plan de 2018 para este ámbito de actuación (2,8 millones de euros anuales) pero es superior a la realidad diseñada en el presupuesto.

Así, las cuentas de 2026 de la Junta de Andalucía recogen una reserva para los convenios que se firmen con ayuntamientos para los trabajos de exhumación de fosas de 165.721 euros, un importe al que hay que añadir 614.000 euros para los trabajos de identificación genética. En total, 800,000 euros frente a los 1,1 millones de euros que se fijaron como objetivos.

La Junta de Andalucía asume el compromiso de continuar también con los trabajos de identificación de los restos, como se planteó ya en el primer plan en colaboración con las universidades públicas andaluzas. Por este motivo, se prorrogará el convenio con la Universidad de Granada para la recuperación e identificación de las víctimas de la guerra civil española y para el mantenimiento del Banco de Datos de ADN de restos óseos desde el que se están gestionando todos los informes que van llegando desde las distintas fosas

Sevilla, Cádiz y Granada como prioridades

Según los datos de la Consejería de Cultura y Deporte incluidos en el presupuesto de 2026, desde el año 2019 se han exhumado un total de 4910 víctimas, procedentes de 67 fosas repartidas por todo el territorio andaluz. El nuevo plan plantea ampliar esta línea e introduce como prioridades La Salud y Rafael de Córdoba (que se encuentran en obras); El Padul y Guejarsierra en Granada y Benaocaz y Zahara de la Sierra en Cádiz (éstas últimas figuran como objetivo en el presupuesto autonómico). A estas se suma Monumento, una de las mayores de Andalucía ubicada en el cementerio de San Fernando en Sevilla. En ella se estima que se pueden encontrar los restos de más de 2.700 personas.

"Se prevé la firma en 2026 de un nuevo convenio de colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, destinado a la exhumación de la fosa Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla, en virtud del protocolo general de actuación suscrito este mismo año por dichas administraciones", recoge el proyecto de presupuesto.

No obstante, esta intervención sigue pendiente del desbloqueo por parte del Ayuntamiento de Sevilla que, siguiendo el modelo de Pico Reja, debería liderar esta operación para la que no hay reservado ni dinero en el presupuesto de 2026 pactado con Vox. Sí tienen sus cuantías asignadas la Diputación y el Gobierno de España (200.000 euros cada uno). Las cuatro, no obstante, firmaron el protocolo para ejecutar los trabajos en 2025.