La Junta de Andalucía arremete contra Montero tras el pacto con ERC para la financiación: "Defiende sólo al independentismo"

La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordando en Moncloa con el líder de ERC, Oriol Junqueras, las bases del nuevo modelo de financiación autonómica, reproduce un marco de negociación bilateral que el Gobierno de Juanma Moreno lleva denunciando desde hace años y que vuelve a situar en primera línea del debate político el discurso del "agravio y el perjuicio a Andalucía". Todo esto además en un escenario de precampaña y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como candidata del PSOE andaluz.

Precisamente la vicepresidenta será quien exponga este viernes los detalles del nuevo modelo de financiación autonómica (marcado por el acuerdo alcanzado este jueves con ERC). Por eso, en ella se centran los ataques del Gobierno andaluz: "Ella, una andaluza, ha diseñado el nuevo sistema de financiación y está permitiendo el maltrato a Andalucía. En vez de defender los intereses andaluces, está defendiendo los del independentismo", apuntó la portavoz del gobierno y consejera de Hacienda, Carolina España.

A la espera de que se conozcan los detalles del nuevo modelo de financiación y, sobre todo, cómo se aplicará el principio de ordinalidad o cómo se repartirá el volumen extra de recursos que se incorporará al sistema de financiación, sólo la imagen del acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras supone un argumento con fuerza y recorrido para toda la campaña para el Gobierno de Juanma Moreno.

Así lo dejó claro la consejera andaluza de Hacienda. "No se puede permitir de nuevo que los recursos para todas las comunidades autónomas se negocien entre Sánchez y el líder de ERC, que ha sido recibido en Moncloa como si fuera un jefe de Estado"

Andalucía, la "más perjudicada"

Aún sin conocer los detalles, el Gobierno andaluz alienta el miedo a un nuevo modelo que "perjudique a Andalucía" como ocurre con el actual, pactado en 2009 con el nacionalismo catalán por parte del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ratificó que la comunidad andaluza es la más perjudicada por este sistema. La infrafinanciación se estima en 1.500 millones de euros al año.

La Junta centra sus críticas en las dos grandes reivindicaciones del independentismo catalán y que han estado presentes en la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Por un lado, la aplicación del principio de ordinalidad que supone equilibrar los recursos económicos que se distribuyen entre las comunidades con la aportación de cada territorio al sistema. Es decir que haya una correspondencia entre quienes contribuyen más y quienes más reciben. Un modelo que beneficiaría a territorios como Cataluña o Madrid y empeoraría la posición de Andalucía. Es la base del incremento de 4.700 millones de euros que, según los datos de ERC, recibirá la Generalitat catalana.

En segundo lugar, la cesión del 100% de la gestión de la recaudación del IRPF a Cataluña, frente al 50% actual, lo que supondría un desajuste en el sistema y en las cuantías que se reparten los territorios que sólo podría compensar el Estado con un sobreesfuerzo económico en su aportación, lo que conllevaría una reducción de su capacidad de gasto e inversión de ámbito estatal. La complejidad de esta medida que derrumbaría las bases del actual sistema de financiación ha provocado que haya quedado congelada en la negociación entre Sánchez y ERC.

Pendiente de la aprobación en el Congreso

El nuevo modelo de financiación autonómica es uno de los últimos hitos de María Jesús Montero en el Gobierno de España antes de la campaña electoral andaluza. No obstante, no es una decisión que dependa del Ejecutivo exclusivamente, ya que debe ser ratificada por el Congreso y por tanto su futuro está condicionado por los complejos equilibrios de la Cámara Alta.

Las diferencias en torno al modelo de financiación autonómica van más allá de los propios partidos políticos, dado que dentro del PSOE o del PP existen distintas sensibilidades en función de los territorios. El principio de ordinalidad, por ejemplo, beneficia a la Madrid de Isabel Díaz Ayuso aunque perjudica a Juanma Moreno. Y en cuanto a los criterios de reparto para unas comunidades es prioritaria la población mientras que otros defienden que se tengan presente otras circunstancias como el territorio o la despoblación. De ahí que el Gobierno siempre haya defendido que el PP rechaza cualquier propuesta pero que no tiene un modelo común para sus gobiernos.