Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica

Andalucía obtendrá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y que deberá ahora ser ratificado por las comunidades y por el Congreso de los Diputados. Se trata de una cifra que supera la reivindicación aprobada por el Parlamento autonómico en 2018 consensuada por PP y PSOE y las reclamaciones planteadas por el Gobierno de Juanma Moreno durante los últimos años.

La cifra, además, es superior a la anunciada por el líder de ERC para Cataluña tras su reunión con Pedro Sánchez, que se sitúa en 4.686 millones. De esta forma, Andalucía se sitúa como el territorio más beneficiado en términos absolutos (no en relación con la población) con el nuevo modelo. Por encima también de Madrid o la Comunidad Valenciana.

El Gobierno de España ha planteado un nuevo sistema de financiación que tiene como base un incremento de los recursos disponibles para las comunidades a través de una mayor participación en el IRPF y en el IVA y de una mayor aportación del Estado a las autonomías. Con este nuevo marco se incorporan 21.000 millones de euros más que se reparten con unos criterios que también se revisan incorporando nuevos factores correctores a la población ajustada.

El nuevo reparto permite que todas las comunidades obtengan más fondos, incluso aquellas que con los nuevos factores de reparto no les correspondería como son Cantabria y Extremadura. Y, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio se acorta la brecha entre quienes obtienen más financiación por habitante y quienes reciben menos.

Con este nuevo modelo, que no está consensuado con otras formaciones políticas ni con las autonomías, Andalucía incorporará 4.850 millones de euros a su marco de financiación. Esto supondría, por ejemplo, tomando como referencia los datos de entregas a cuenta de 2026 en torno a un 15% más de los 29.930 de este ejercicio.

"¿Cómo va una comunidad autónoma como Andalucía decir que no a esta propuesta que supera lo aprobado por el Parlamento andaluz en 2018? Eso sería sectarismo político e ir en contra de los intereses de la población. ¿Cómo defiende un territorio que no acepta este volumen de recursos?", se preguntó la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero en alusión al anunciado rechazo del Gobierno andaluz al nuevo modelo.

¿Cuál era la reclamación de Andalucía?

En el año 2018 con María Jesús Montero como consejera de Hacienda y Juanma Moreno en la oposición, el Parlamento andaluz consensuó una reivindicación de mejora de la financiación autonómica para mejorar los recursos para afrontar los servicios públicos. Se planteó entonces incrementar en unos 16.000 millones de euros el sistema de financiación para que Andalucía pudiera recibir en torno a 4.000 millones más. Siguiendo este marco, el modelo planteado ahora supone un aumento de los recursos en 21.000 millones de los que Andalucía recibe 4.850 millones de euros más. Es decir, se actualiza y supera el marco pactado hace ocho años.

Una segunda reivindicación hace referencia a los criterios de reparto. Andalucía viene reclamando, al igual que otras comunidades como Valencia o Murcia, que el sistema de distribución de los recursos hace que tengan menos dinero del que les correspondería. La diferencia se cifra en torno a 1.500 millones de euros. En este segundo aspecto el nuevo modelo introduce ajustes en los criterios e incorpora elementos como la ordinalidad para algunos territorios que alteran esta situación. Según las explicaciones del Ministerio, la diferencia debe entre unos territorios y otros ahora debe reducirse.

Puntos de confrontación entre el Gobierno y Andalucía

El nuevo modelo establece mantiene no obstante una serie de puntos de confrontación con la posición del Gobierno andaluz. En primer lugar, tal y como anunció el líder de ERC Oriol Junqueras, se aplica en cierta medida el principio de ordinalidad que beneficia sobre todo a Cataluña en este caso: habrá un mayor equilibrio entre los recursos que aporta al sistema y los que recibe del que hay en estos momentos. Esto perjudica a territorios como Andalucía, que reciben mayores transferencias de lo que se recauda en ellos.

En segundo lugar, el Ministerio abre la puerta a tratamientos singulares y bilaterales para Cataluña y para cualquier comunidad que lo requiera. Estos se basan principalmente en que hay margen para el autogobierno y para que los territorios decidan en torno en algunas cuestiones como la gestión de competencias de gestión de impuestos, un sistema de caja compartida o elegir el mecanismo de cálculo de la aportación en la recaudación del IVA entre dos posibilidades, la actual o una nueva basada en lo que generan las pymes en el territorio.

Un tercer eje de confrontación es la decisión del Gobierno de establecer mecanismos en el sistema contra el dumping fiscal. Es decir, el Ministerio de Hacienda quiere evitar que en las comunidades autónomas se realicen rebajas fiscales al mismo tiempo que se reclama más financiación por la falta de recursos para los servicios públicos. El ejemplo puesto por María Jesús Montero para fijar esta línea de trabajo afecta directamente a Andalucía: la creación de un Impuesto sobre las grandes fortunas para frenar la estrategia de regiones como Andalucía de eliminar el Impuesto de Patrimonio. Este choque llegó al Tribunal Constitucional, que le dio la razón al Ejecutivo, y acabó provocando que el Gobierno autonómico retomara este tributo a los grandes patrimonios.