Las claves del sistema de financiación para Andalucía: 4.850 millones más en el reparto y un fondo extra con otros 960

El nuevo sistema de financiación autonómica no conseguirá que Andalucía alcance la media nacional de financiación por habitante. Seguirá por debajo de otros territorios como Cataluña, Galicia, Baleares o Cantabria. Pero sí está diseñado para que todos los territorios, especialmente Cataluña, salgan beneficiados y para que la brecha entre las comunidades que más reciben y las que menos, como es el caso de Andalucía, se recorte. Si en 2023, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esta distancia se situó en hasta 1.100 euros por habitante, el nuevo modelo parte con el compromiso de que no supere los 700 euros de diferencia.

Esta es una cuestión políticamente clave para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que afronta en apenas unos meses el reto de la convocatoria electoral andaluz sobre todo teniendo en cuenta que el punto de partida de la presentación del nuevo modelo de financiación ha sido el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. De ahí que el nuevo sistema que se ha presentado toma como punto de partida un incremento del volumen de recursos a repartir. Es decir, hay una tarta más grande que se distribuye de forma que todas las porciones crezcan y que las diferencias entre unas y otras sean más pequeñas. Este aumento de recursos se cifra en 21.000 millones de los que a la comunidad autónoma andaluza le corresponden 4.846 millones de euros, una cifra superior a Cataluña (4.686) y al resto de territorios.

Este ajuste se basa en una revisión de la participación en los tributos por parte de las comunidades autónomas, que pasan de disponer del 50 al 55% en el caso del IRPF y hasta el 56,5% en el caso del IVA, y en una aportación adicional del Estado, con nuevos fondos como el de cambio climático con un millón de euros que beneficia principalmente al arco mediterráneo. Sólo en el caso de Andalucía con esto se consigue un incremento de la financiación de más de un 15%. Si se aplican estos cálculos a las cifras de este 2026, que están condicionadas por un aumento de los ingresos fiscales por la situación económica en toda España, Andalucía pasaría a recibir 34.780 millones de euros. En relación con la población ajustada pasaría por tanto de 3.564 euros por habitante en 2023 (según el informe de Fedea correspondiente a la liquidación de ese año) a 4.142 euros por habitante.

La diferencia con Cantabria, por tanto, que es la comunidad con un mayor volumen de recursos en relación a su población, se reduciría. Y el objetivo es que dejara los más de 1.100 euros por habitante que existían en 2023 (una brecha que se ha ido incrementando en los últimos años) hasta situarse en un máximo de 700 euros. Por eso Andalucía aumenta proporcionalmente en mayor medida que Cantabria que, en cualquier caso, no pierde ni un euro (algo que se garantiza a través de un fondo adicional de 400 millones de euros para blindar el status quo).

En este análisis del reparto por habitante hay que incorporar otra variable: la población ajustada es un concepto que recoge el número de habitantes matizado con una serie de factores correctores como los mayores, desempleados o incluso el territorio que precisamente se corrigen en este nuevo sistema introduciendo conceptos que benefician especialmente a Cataluña y Andalucía.

Andalucía recibirá otros 968 millones de euros

Pero al margen del sistema de financiación propiamente dicho, el Ministerio de Hacienda se reserva en su modelo otro as en la manga. Concretamente, aprovecha un recurso infrautilizado hasta el momento, el Fondo de Compensación Interterritorial, que pasa de tener de apenas 300 millones de euros a un total de 3.300 millones. De estos, un total de 965 millones, es decir, más de una cuarta parte se reservan a Andalucía.

Estos fondos están diseñados exclusivamente para que, una vez aplicado el modelo, se reduzcan aún más las diferencias entre unos territorios y otros. De ahí que sólo beneficiará a las comunidades con una financiación inferior a la media como es el caso de Andalucía, Valencia, Castilla y La Mancha o Murcia, las cuatro regiones más perjudicadas por el actual sistema de reparto de los recursos.

Una vez aplicado este dinero, que se suma a las cifras del propio sistema de financiación autonómica, Andalucía pasaría a tener (siguiendo los datos de entregas a cuenta de 2026) un total de 35.680 millones de euros al año, 5.700 millones más que en estos momentos, lo que supone superar los 4.200 euros por habitante. Seguiría estando por debajo de la media pero a menor distancia de otros territorios.

Una mejora condicionada

Todas estas cifras, no obstante, están condicionadas por un elemento clave: los recursos que se recauden de forma efectiva en los impuestos vinculados al sistema de financiación. En los últimos años se ha registrado una tendencia al alza, la administración cada vez tiene más dinero, gracias a la mejora de la situación económica. Pero si varía la tendencia, todas estas cifras variarán sensiblemente. Así ocurrió, por ejemplo, en la última crisis económica en 2008.

En segundo lugar, hay una condición política clave: se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda que aún tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados todos los territorios, y sobre todo por el Congreso de los Diputados donde hasta el momento el PSOE sigue sin una mayoría suficiente para sacarlo adelante.

Por último, el sistema está abierto a incorporar medidas que limiten el dumping fiscal, es decir, las rebajas que apliquen comunidades autónomas en los impuestos que gestionan directamente como pueda ser Patrimonio o Sucesiones. En este caso, el Ministerio de Hacienda anuncia medidas pero serán al margen del sistema de financiación y ni siquiera están ahora mismo planteadas. El modelo es el aplicado con la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas que forzó a recuperar el tributo sobre los grandes patrimonios a comunidades como Andalucía.