Financiación autonómica
La CEA carga contra el nuevo modelo de financiación autonómica: "Andalucía vuelve a salir mal parada"
La patronal alerta de que la "financiación singular" favorece a algunas comunidades en detrimento de Andalucía y reclama un reparto justo y negociado dentro del marco constitucional

María Jesús Montero, en su última etapa como consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, y Javer González de Lara, presiodente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en una imagen de archivo. / Julio Muñoz / EFE

"Andalucía sale mal parada". Es la conclusión de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) sobre el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pese a que las estimaciones iniciales apuntan a que las arcas autonómicas podrían recibir hasta 4.850 millones de euros más con el nuevo reparto. Para la patronal andaluza, el planteamiento del Gobierno no responde al interés general, rompe el principio de igualdad entre territorios y supone un riesgo para la cohesión del país.
Así lo ha expresado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una dura valoración remitida a los medios -24 horas después de la rueda de prensa de la vicepresidenta- en la que cuestiona tanto el fondo como la forma de la propuesta. "La nueva propuesta sobre financiación autonómica es lo contrario a buscar el interés general, pactando con un socio de una sola parte, que ni siquiera es el Gobierno de la comunidad autónoma catalana, respecto a lo que significa y simboliza la caja común de todos", ha afirmado.
Desde que Montero presentara este viernes el nuevo reparto autonómico, y con él la carta con la que pretende jugar la partida de la campaña electoral, han sido muchas las voces que se han pronunciado en contra de este nuevo modelo: en tromba ha salido el Gobierno de Juanma Moreno y también las izquierda en la cámara andaluza y en las Cortes. Incluso, sin sorpresa, por otra parte, voces de su propio partido como García-Page.
González de Lara considera que el planteamiento responde más a una estrategia de supervivencia política que a una visión de país: "Parece otra maniobra más de resistencia política, y eso no hace pensar que sea un proyecto de país, ni de cómo contribuir al desarrollo de España. Para nosotros, los empresarios, es darle más a unos en detrimento de otros".
Aunque Andalucía figure entre las comunidades potencialmente beneficiadas por el nuevo reparto, con esos 4.850 millones adicionales en caso de que esta propuesta se aprobara en el Congreso de los Diputados, la patronal insiste en que el problema no es solo la cuantía, sino el precedente que se sienta. “Y, nuevamente, Andalucía sale mal parada. Desde CEA lo venimos repitiendo, no queremos privilegios, pero tampoco aceptamos agravios”, ha subrayado el presidente de la organización empresarial.
En su intervención, González de Lara ha puesto el foco en el impacto que este tipo de acuerdos puede tener sobre la capacidad de crecimiento de la comunidad. "Dar más a unos territorios que a otros limita las capacidades de Andalucía en un momento en que la empresa está haciendo un esfuerzo intenso por seguir creando empleo y aportando riqueza al territorio, logrando crecer incluso por encima del conjunto de nuestro país", ha señalado.
Dar más a unos territorios que a otros limita las capacidades de Andalucía en un momento en que la empresa está haciendo un esfuerzo intenso por seguir creando empleo
"España es un proyecto colectivo"
Especialmente crítico se ha mostrado con el concepto de "financiación singular" que se está manejando en el debate político. "Está claro que el solo hecho de que se llame singular, una financiación singular, es más que significativo sobre lo que representa y el objetivo que persigue", ha advertido, defendiendo que "España es un proyecto colectivo" y que las políticas públicas deben "generar oportunidades para todos, pero no para unos más que otros".
El presidente de la CEA ha reclamado que cualquier reforma del sistema de financiación se haga dentro del marco constitucional y con criterios objetivos. "La financiación autonómica y, en general, todas las políticas en un Estado democrático de derechos deben estar regidas siempre por principios constitucionales", ha defendido. En este sentido, ha pedido un modelo "técnico, con suficiencia financiera, con unos criterios de reparto, que pueden ser población, nivel de renta, costes de los servicios, etcétera, y determinando lo que son los necesarios fondos de garantía entre territorios".
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