Tres claves del choque entre Montero y Juanma Moreno por la financiación: brecha entre territorios, impuestos y singularidades

El sistema actual de financiación autonómica caducó en 2014 y se basa en un modelo que sitúa a Andalucía como una comunidad infrafinanciada con una distancia cada vez mayor con las regiones que reciben más dinero por habitante. Esta conclusión la comparten María Jesús Montero y Juanma Moreno y, de hecho, es el punto de partida del acuerdo que ambos aprobaron en el Parlamento andaluz en 2018. Durante los últimos 12 años ha habido distintos planteamientos, debates y propuestas para revisar el sistema, pero todas ellas han quedado atascadas por uno u otro motivo.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles por primera vez todo el debate se concreta en un plan específico, con nuevos criterios y un reparto por territorios que llega en un escenario político muy complejo: es un paso imprescindible para que avance la legislatura al ser una demanda del nacionalismo catalán, es un hito marcado en rojo en la agenda de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía y es un paso fundamental para dar estabilidad al Gobierno de Salvador Illa en Cataluña.

Este marco político lo condiciona todo especialmente para Andalucía y explica en buena medida que el Gobierno de Juanma Moreno no haya esperado ni siquiera a contar con todos los datos (asegura que sólo tiene informes parciales) para desplegar un rechazo frontal a la propuesta del Ministerio de Hacienda. Pero más allá del ruido, hay coincidencias en el modelo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía y puntos de choque en los que se basa la confrontación.

Los puntos en común entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía

La propuesta aprobada por el Parlamento en 2018, que el Gobierno de Juanma Moreno toma como punto de partida para justificar su posición, establecía como uno de los ejes una mayor nivelación vertical. Es decir, que el Estado aportara más dinero de sus recursos a las autonomías que, en consecuencia, se tendrían que reducir de las políticas públicas e inversiones gestionadas desde los ministerios. Esta es la base del nuevo modelo que incorpora casi 21.000 millones al sistema y se compromete a revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para que repartir otros 3.300 millones adicionales.

Para llegar a esta cifra el Ministerio incrementa la participación de las comunidades autónomas en los principales impuestos (el IRPF al 55% y el IVA al 56,5%). Esta es una medida que la Junta admite que ve como positiva y que encaja dentro de sus reivindicaciones.

En términos cuantitativos esto supone para Andalucía 4.850 millones de euros más dentro del sistema de financiación (una cifra superior a la reclamada por el Parlamento en 2018) y el compromiso de otros 965 en un fondo complementario. Si tomamos como referencia las entregas a cuenta de 2026. Si se aplican estos cálculos a las cifras de este 2026, que están condicionadas por un aumento de los ingresos fiscales por la situación económica en toda España, Andalucía pasaría a recibir 34.780 millones de euros. En relación con la población ajustada pasaría por tanto de 3.564 euros por habitante en 2023 (según el informe de Fedea correspondiente a la liquidación de ese año) a 4.142 euros por habitante.

Primer choque: el desequilibrio entre territorios

Sin embargo, a partir de este punto empiezan la confrontación. El primer eje es la brecha entre comunidades. El Ministerio de Hacienda ha diseñado el modelo tomando como punto de partida que Cataluña tenía que mejorar su financiación y que se debería reducir la distancia entre las regiones con más financiación y las infrafinanciadas como Andalucía. Según los datos de Hacienda pasarían de hasta 1.500 euros por habitante de brecha (la que más recibe es Cantabria) a un máximo de 700.

Pero pese a este recorte, el modelo no evita dos realidades. Por un lado, que la financiación de Andalucía seguirá por debajo de la media nacional. Y, por otro, que habrá una mayor diferencia entre Cataluña y la comunidad autónoma andaluza que es fácilmente constatable con los números en la mano. Con la previsión de entregas a cuenta de 2026 Cataluña recibe 3.211 euros por habitante (sin incorporar criterios de población ajustada) y Andalucía recibe 3.158. El reparto adicional incorpora 577 euros por habitante mas para Cataluña y 562 para Andalucía. Por tanto, la diferencia entre ambos territorios se amplía.

A esto se añade que el modelo por primera vez fija la ordinalidad para Cataluña. Es decir, ocupa la misma posición en el orden de contribución al sistema y en los ingresos que recibe de él. Este es un tema clave que el Parlamento andaluz rechaza de forma contundente. No obstante, sólo se cumple para Cataluña, no para otros territorios como Madrid, por lo que su impacto en el reparto como tal es más limitado.

El Ministerio de Hacienda equilibra esta desigualdad con una reformulación del Fondo de Cooperación Interterritorial. Se trata de un recurso que antes estaba vinculado a la necesidad de convergencia y que sólo se podía destinar a inversiones y que ahora se vincula al sistema de financiación como un complemento para comunidades que están por debajo de la media. A Andalucía le corresponden 965 millones de los 3.300 que se reparten.

El Gobierno andaluz, sin embargo, está en contra de que este mecanismo sea el que compense a la comunidad autónoma. Entre otras cuestiones, porque se trata de un fondo vinculado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y que por tanto puede estar condicionado por los acuerdos de cada ejercicio.

Segundo choque: autogobierno y singularidades

Al incorporar más recursos estatales al sistema, el modelo nuevo propuesto por el Ministerio de Hacienda debilita al Estado y deja más responsabilidades en manos de las comunidades autónomas. Sin embargo, para evitar choques con el autogobierno no vincula el mayor volumen de recursos con determinadas políticas públicas. Es decir, el dinero no tiene por qué ir a Sanidad, Educación o Vivienda. En esto hay coincidencia entre el Ministerio y la Junta.

Pero el choque se produce porque el sistema sí establece determinadas singularidades a la carta a la que se pueden o no acoger las comunidades autónomas y que están diseñadas en buena medida para responder a demandas de la Generalitat catalana. Por ejemplo, podrán solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por Pymes en su territorio o mantener el modelo actual; podrán o no acogerse a un sistema de caja compartida y, sobre todo, recibirán más dinero en función de las competencias que decidan ejercer. Esto era algo que ya existía pero que ahora se refuerza. Todo esto se negocia en comisiones bilaterales.

El Estatuto de Autonomía andaluz, de 2007, y el acuerdo de 2018 van en la línea de incorporar más autogobierno y por tanto acceder a vías distintas de gestión de recursos y desarrollo de competencias. Pero esa no es la línea del Gobierno de Juanma Moreno que advierte que este planteamiento puede generar desigualdades y agravios entre territorios.

Tercer choque: el Impuesto de Sucesiones

El tercer punto de confrontación está completamente al margen del sistema de financiación pero el Gobierno lo ha introducido en el discurso político. Era de hecho una de las propuestas que planteó Sumar en el Congreso cuando se abordó este tema: la lucha contra el dumping fiscal. Se trata básicamente de que una comunidad no pueda aprovechar que recibe más dinero para bajar impuestos. Para Andalucía, que lleva seis rebajas fiscales valoradas en más de mil millones de euros, esta es una cuestión clave.

No hay nada establecido de cómo se va a regular esa estrategia contra el dumping fiscal pero sí se ha puesto encima de la mesa un ejemplo: cuando Andalucía suprimió el Impuesto de Patrimonio el Gobierno central contrarrestó creando un impuesto estatal idéntico. La consecuencia fue que la Junta acabó viéndose obligada a recuperarlo.

La Junta de Andalucía advierte de que este mismo planteamiento se podría aplicar al Impuesto de Sucesiones anulado al 100% por el Gobierno de Juanma Moreno, al igual que por otras autonomías. El Ministerio podría crear una figura tributaria similar y obligar a la Junta a recuperar el suyo. No obstante, esto no deja de ser un futurible político puesto que en el modelo de financiación propiamente dicho no aparece ninguna medida. Sería un debate posterior y sólo vinculado en el plano político.