El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia

La causa judicial abierta contra los últimos tres gerentes del SAS por el uso de los contratos de emergencia tras la pandemia ha quedado archivada. El Tribunal de Instancia de Sevilla 13 responsable de la investigación iniciada tras una denuncia del PSOE en 2024 ha emitido un contundente auto en el que descarta que haya indicios de prevaricación en la conducta de los altos cargos y que haya habido "arbitrariedad" en los expedientes incorporados en la causa firmados entre 2020 y 2024. Este auto, que han adelantado los periódicos del grupo Vocento y al que ha tenido acceso este periódico, supone el archivo de la causa que situó como investigados a Miguel Ángel Guzmán, Diego Agustín Vargas y Valle García.

"No ha habido actuación arbitraria, ni capricho ni abuso de poder (...) Los procedimientos resultan defendibles y no hay arbitrariedad por lo que no hay prevaricación", recoge el auto que desmonta uno de los ejes de la estrategia de oposición del PSOE durante esta legislatura y descarta con rotundidad que se haya producido prevaricación en los expedientes firmados tras la pandemia manteniendo el procedimiento de emergencia que reduce la concurrencia para agilizar los trámites.

Los argumentos del archivo

Sobre la mesa, en la denuncia planteada por el PSOE en junio de 2024 que fue ampliada posteriormente en más de dos ocasiones y a la que se adhirió Podemos, se cuestionaba un contrato de emergencia de 70 millones firmado en 2021 y prorrogado en repetidas ocasiones hasta sumar 240 millones de euros. A partir de ahí, la instrucción se extendió a una comprobación todos los contratos de emergencia firmados hasta 2023 tanto de procedimientos sanitarios como de obras como el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. El juez, tras una instrucción de casi un año y medio, ha desmontado por completo esta tesis y ha señalado que había justificación para usar estas fórmulas de contratación.

El juzgado rechaza que el uso de la fórmula de emergencia en estos contratos implicara un delito de prevaricación y también que las prórrogas de los expediente fueran una forma de eludir controles: "No puede concluirse que la finalidad fuera eludir normas públicas de contratación sino que respondía a necesidades perentorias de las derivadas de la necesidad de continuidad en la contratación dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria", señala el auto, que además apunta que es "discutible que en los momentos de las resoluciones de prórrogas no existiera aún una situación de emergencia".

Además, el juzgado desmonta una de las piezas básicas de la denuncia del PSOE que apuntaba a una decisión del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 que acordó, en contra del criterio de la Intervención General, cambiar el sistema de control de los expedientes a una fiscalización posterior. Esta fue el motivo por el que tuvo que declarar este mes de enero la consejera de Sanidad, Catalina García, entonces viceconsejera. "No todo distanciamiento del criterio de los interventores implica una prevaricación". Además, el auto considera "discutible" que este sistema de fiscalización suponga una "minoración de las garantías", respaldando así la argumentación defendida por la Junta de Andalucía desde el inicio de las denuncias del PSOE.

"Hay circunstancias en este caso que revelan que no ha existido actuación arbitraria ni caprichosa ni un injustificado ejercicio de abuso de poder. No sólo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos que fundamentaron la necesidad de estas contrataciones y la inviabilidad de alternativas de contrataciones, sino que además se desarrolló con todas las empresas hasta entonces contratantes del SAS. No consta ninguna empresa o asociación que lo haya cuestionado ni perjuicio a la Administración", recoge el auto. En este sentido, el juez subraya específicamente el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de 2022 que ya apuntó que no hubo riesgo de menoscabo de fondos públicos en los expedientes investigados.

El auto judicial, además, marca un punto de inflexión en las otras investigaciones judiciales abiertas por denuncias de la oposición en Cádiz y Córdoba. En los dos casos la base de las querellas es similar y apunta al abuso de fórmulas como los contratos de emergencia o los fraccionamientos en expedientes posteriores a la pandemia, según la oposición, sin base legal suficiente.