El sistema andaluz de discapacidad se reforma para reducir demoras: prioriza mayores de 75, niños y casos graves

La ley establece que no pueden pasar más de seis meses entre el momento en el que un andaluz solicita que se le reconozca una discapacidad y la resolución de la Junta estableciendo cuál es su grado y dándole así acceso a todo el sistema de prestaciones. Es un límite que de media está muy lejos de cumplirse según todos los informes emitidos en los últimos años por las principales asociaciones como Cermi, Cocenfe, Facua o incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz. Todas sitúan los plazos por encima del año. De hecho, en algunas provincias, dado que la gestión está territorializada, los indicadores son incluso peores y hay casos denunciados con esperas de más de dos años.

La Consejería de Inclusión Social subraya que lleva años ejecutando medidas para resolver un problema de plazos que es similar a la mayor parte de las comunidades autónomas. Este 2026 arranca con otra reforma del sistema que se presta a través de los centros de valoración de personas con discapacidad repartidos por cada provincia y que ya ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno y publicada en el BOJA.

La reforma trata de paliar en primer lugar el déficit de médicos que es uno de los problemas que la Consejería fija como básicos en el sistema. No hay suficientes profesionales adscritos para emitir los certificados de valoraciones. El planteamiento ahora es reforzar la categoría de terapeutas ocupacionales que pueden firmar una parte importante de los expedientes de acuerdo con la normativa. Cada centro provincial tendrá al menos un profesional de esta categoría asignado a estas funciones.

Esta es la evolución de una estrategia que arrancó en octubre cuando se incorporaron a través de un plan de choque 25 terapeutas para desatascar resoluciones de discapacidad atrasadas. "En estos meses hemos conseguido sacar adelante 2.936 expedientes y el objetivo del plan provisional eran 11.000 en un año por lo que estimamos que está dando buen resultado. De ahí que hayamos decidido consolidarlo y reforzarlo en todas las provincias", explica a este periódico Pere Calbó, director general de personas con discapacidad de la Consejería de Inclusión Social.

Además de esto, la Junta de Andalucía trabaja con planes de horas extra de los médicos asignados a los sistemas de valoraciones. Son trabajos fuera de horario voluntarios que se pagan aparte. Se establecen en estos momentos en torno a 180 horas al año, según explican desde la Consejería.

El segundo cambio fundamental es la configuración de un equipo multidisciplinar formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Esta unidad está vinculada a la propia Dirección General con el objetivo que se pueda destinar a una u otra provincia en función de las necesidades y del volumen de expedientes que se hayan atascado. Esta medida está vinculada con la decisión de reforzar las plazas de coordinación de cada una de las provincias. Los datos reflejan grandes desequilibrios entre unos territorios y otros en las valoraciones que la Consejería quiere reducir.

Prioridades: mayores de 75 años y grandes dependientes

El atasco de expedientes acumulados y el volumen de tramitaciones al año (en torno a 123.000) llevan a la Consejería de Inclusión Social a fijar prioridades en sus planes de actuación. Concretamente, al igual que se ha hecho con el sistema de dependencia, los colectivos preferentes son tres: los mayores de 75 años, los grandes dependientes y los menores. A ellos van dirigidas estas reformas.

"El objetivo es que en torno al mes de abril hayamos conseguido que de media los mayores de 65 años y grandes dependientes tengan la resolución en un plazo de tres meses", explica Calbó. En el caso de los menores el objetivo es similar. Al igual que en otra de las asignaturas pendientes como es la concesión de las tarjetas de aparcamiento que se quieren acortar también a ese plazo.

"Al fijar estos colectivos como prioritarios, tenemos que conseguir un punto de equilibrio para evitar que el resto de personas que requieran de una valoración se queden siempre en la cola ya que se van priorizando otros casos", apunta el director general de la Junta, quien subraya que se repartirán los recursos en las provincias con el objetivo de que no se queden una parte de los solicitantes atascados.