La ley que endurece las sanciones a las viviendas turísticas ilegales en Andalucía sale adelante: multas de hasta 600.000 euros

Más sanciones. Ese es el resumen de la nueva ley de turismo sostenible que plantea la Junta de Andalucía y prevé multas de hasta 600.000 euros a los dueños de viviendas turísticas que no cumplan con la normativa. La norma aspira a establecer un marco normativo al turismo en una comunidad autónoma que recibe casi 13 millones de visitantes en verano y que cada vez cuenta con un mayor número de plazas extrahoteleras.

Tanto el PSOE como Por Andalucía han presentado sendas enmiendas a la totalidad. El rechazo de la mayoría absoluta del PP supone uno de los últimos trámites parlamentarios antes de la aprobación de la norma, que saldrá adelante antes de que termine la legislatura. La medida nació en enero de 2024 con un decreto que establecía un marco normativo más estricto para las viviendas de tipo turístico.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal ha detallado que la normativa planteada por su equipo, y negociada con el sector, "reconoce expresamente la promoción de a hospitalidad" de la ciudadanía andaluza. Aun así, puntualiza la importancia del "respeto, cordialidad, derecho al descanso y mantenimiento de las tradiciones", por parte de los visitantes que llegan a la comunidad autónoma.

Agentes especializados y colaboración con los ayuntamientos

Además de las multas, la nueva ley refuerza policía especializada para la lucha contra las irregularidades de la vivienda turística, con el nuevo grupo Titán de la unidad adscrita de la Policía Nacional, y el trabajo mano a mano con los distintos ayuntamientos para suprimir más de 12.000 pisos turísticos que no cumplen con la normativa actual. Con este panorama, la Junta ha comenzado su campaña de control de la actividad turística irregular.

La Consejería establece sanciones según la gravedad del problema, que puede ser leve, grave o muy grave y van desde eficiencias relativas a la limpieza hasta la restricción en el acceso, en la prestación de servicios o la expulsión injustificada. Además, habrá planes de control y revisiones en campamentos de turismo, establecimientos hoteleros, agencias de viaje y cualquier otro negocio del sector.

"Se dedican capítulos específicos a la actividad clandestina y oferta ilegal, a la inspección turística y al régimen sancionador, actualizando las cuantías y las tipologías de infracciones para adaptarlas a la realidad actual", ha explicado el consejero del ramo. Aun así, Bernal ha defendido que "este texto no se limita solo a una regulación técnica, sino que introduce un marco ético claro para todos los agentes del turismo andaluz".

La Consejería se topa con la oposición

Estas medidas no son nuevas, sino que hace años que la Junta de Andalucía está inmersa en una lucha contra la clandestinidad del alojamiento turístico. Solo en 2024, el último año sobre el que se tienen datos, se realizaron 528 expedientes sancionadores, de los cuales en torno a 278 se corresponden con situaciones de clandestinidad en la prestación de servicios turísticos como el alojamiento.

Como ha señalado Bernal en su intervención, esta es la primera vez que se establece un marco político para regular el turismo en la comunidad autónoma. Sin embargo, la oposición no lo ve de esta manera. "No corrigen ni una de las cuestiones fundamentales", ha lamentado el diputado de Por Andalucía, José Manuel Jurado, en su intervención. Como él, Isabel Aguilera del PSOE ha denunciado que es un proyecto de ley que "ni un solo mecanismo para que funcione".

Los diputados andaluces se han dado cita este jueves en el Parlamento en una sesión extraordinaria. Después de tener que suspender la cita del 22 de enero como muestra de respeto por el luto tras el accidente de Adamuz, el pleno de este jueves ha sido descafeinado, ante la ausencia de la plana mayor del Gobierno andaluz, presente en el funeral de las víctimas, y cuya importancia se ha centrado en la evaluación del accidente.