La Fiscalía no recurre el archivo de la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia en Sevilla

La Fiscalía no ha recurrido el archivo de la causa contra tres gerentes del SAS por el uso de los contratos de emergencia tras la pandemia. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 13, de Sevilla emitió el pasado 25 de enero un contudente auto de archivo que sí ha sido recurrido por PSOE, quien presentó la querella. El plazo para apelar ha finalizado a las 12 horas de este martes.

El auto, al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, archivó la causa que investigaba a Valle García, actual gerente del SAS y a sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas. "No ha habido actuación arbitraria, ni capricho ni abuso de poder (...) Los procedimientos resultan defendibles y no hay arbitrariedad por lo que no hay prevaricación", defiende el auto.

"No puede concluirse que la finalidad fuera eludir normas públicas de contratación sino que respondía a necesidades perentorias de las derivadas de la necesidad de continuidad en la contratación dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria", señala el auto, que además apunta que es "discutible que en los momentos de las resoluciones de prórrogas no existiera aún una situación de emergencia".

Sobre el cambio de normativa

Otro hecho controvertido en la denuncia era el cambio de normativa para aprobar estos expedientes sin que existiera ningún informe previo. El Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 acordó, en contra del criterio de la Intervención General, cambiar el sistema de control de los expedientes a una fiscalización posterior, una vez ya estuviera resuelto el proceso. Esto motivó la declaración este mes de enero de la consejera de Sanidad, Catalina García, entonces viceconsejera.

"No todo distanciamiento del criterio de los interventores implica una prevaricación". Además, el auto considera "discutible" que este sistema de fiscalización suponga una "minoración de las garantías", respaldando así la argumentación defendida por los cargos de la Junta de Andalucía desde el inicio de las denuncias del PSOE.

"Hay circunstancias en este caso que revelan que no ha existido actuación arbitraria ni caprichosa ni un injustificado ejercicio de abuso de poder. No sólo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos que fundamentaron la necesidad de estas contrataciones y la inviabilidad de alternativas de contrataciones, sino que además se desarrolló con todas las empresas hasta entonces contratantes del SAS. No consta ninguna empresa o asociación que lo haya cuestionado ni perjuicio a la Administración", recoge el auto.

Las otras dos denuncias

La querella archivada, y actualmente recurrida, fue presentada por el PSOE en junio de 2024 y ampliada posteriormente en más de dos ocasiones. Luego, se adhirió Podemos. En principio se cuestionaba un contrato de emergencia de 70 millones firmado en 2021 y prorrogado en repetidas ocasiones hasta sumar 240 millones de euros. La instrucción se extendió a una comprobación de todos los contratos de emergencia firmados hasta 2023, tanto de procedimientos sanitarios como de obras como la del Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. El juez, tras una instrucción de casi un año y medio, ha desmontado por completo esta tesis y ha señalado que había justificación para usar estas fórmulas de contratación.

Este archivo marca un punto de inflexión en los otros dos casos que aún están abiertos en las provincias de Cádiz y Córdoba. En los dos casos la base de las querellas es similar y apunta al abuso de fórmulas como los contratos de emergencia o los fraccionamientos en expedientes posteriores a la pandemia, según la oposición, sin base legal suficiente.