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Andalucía ejecuta 2.000 actuaciones contra construcciones ilegales: 700 precintos y 4 millones en multas

El año 2025 se cerró con 612 inspecciones y 160 informes por delitos contra la ordenación del territorio

Derribo de una construcción ilegal en Tabernas por parte de la Junta de Andalucía

Derribo de una construcción ilegal en Tabernas por parte de la Junta de Andalucía / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

La Junta de Andalucía cerró el año 2025 con más de 350 parcelas y construcciones ilegales en suelo rústico precintadas y con cerca de 400 reprecintos tras detectarse que los propietarios habían reincidido en las infracciones. Además, se ejecutaron 178 multas coercitivas por un importe de 4,2 millones de euros y se instruyeron 160 informes periciales a instancias del Ministerio Fiscal o de los juzgados.

Este es el balance realizado por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha destacado el refuerzo que se ha realizado en la estrategia de trabajo de las construcciones ilegales a raíz de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) aprobada en diciembre de 2021.

Según este balance, el año 2025 se cerró con casi 2.000 actuaciones (un total de 1.986). El mayor volumen de expedientes se corresponde con los 350 precintos y los 400 reprecintos ordenados por los servicios de inspección por construcciones ilegales en suelo rústico. En total, 700 parcelas han sido selladas por ser ilegales.

Junto a esto, se han disparado las multas. En un año se han abierto 155 procedimientos sancionadores y se han ejecutado 178 multas coercititivas por un importe que supera los 4,2 millones de euros. Este último sistema de actuación, que implica que la cuantía a abonar por el propietario aumente en función del tiempo que tarde en restablecer la realidad alterada, es lo que ha provocado que se hayan registrado hasta 54 autodemoliciones, una cifra récord.

Una tercera línea de actuación es la que se realiza en coordinación con la Fiscalía o los Juzgados a raíz de procedimientos instruidos en el marco de investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio. La Junta de Andalucía, en estos casos, realiza informes periciales complementarios. El año pasado se alcanzó una cifra récord con 160 expedientes.

Nuevo decreto para reforzar la autoridad y los medios de los inspectores

"Los buenos números obtenidos han sido posibles gracias a una mayor descentralización de la inspección, que ahora tiene una mayor presencia en el territorio. Asimismo, se ha producido una mayor planificación de las actuaciones para ser más eficaces, en base a Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026", explica la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La Junta de Andalucía ha diseñado un nuevo plan de actuación y de ordenación de los recursos a través de un decreto que se encuentra en fase de exposición pública y que en la práctica supone que haya más personal destinado al control, con más medios, con más medidas de seguridad ante los "riesgos" que afrontan los funcionarios y con mayor capacidad de actuación cuando se detecte cualquier tipo de infracción en una parcela. A partir de 2026 serán agentes de la autoridad.

El nuevo decreto permitirá a la Junta de Andalucía crear un nuevo cuerpo de inspectores especializado que garantice una mayor presencia en el territorio y que permita intervenir rápido con medidas preventivas (como los precintos) ante cualquier construcción de carácter ilegal. De momento, esta unidad estará conformada por diez plazas que se corresponden con las habilitadas en la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía de diciembre de 2023.

Este cuerpo de subinspección, además, contará con nuevos medios materiales, y trabajará en coordinación con los inspectores ya existentes. El nuevo decreto refuerza además este cuerpo incorporando un elemento fundamental: los inspectores serán a partir de ahora agentes de la autoridad, lo que les facilitará la actuación a la hora de denunciar, precintar o acceder a una parcela de titularidad privada para comprobar si se está cumpliendo la normativa.

En esta línea, la Junta de Andalucía ofrece ya la posibilidad de la firma anonimizada de los documentos, de manera que no aparezca el nombre sino un número de identificación profesional.

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