La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla ha destapado un amplio entramado de parcelaciones ilegales en suelo rústico protegido en el término municipal de Dos Hermanas, en el marco de la operación NESSIL, desarrollada junto a la Policía Local de Dos Hermanas y la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que se ha saldado con la investigación de 115 personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

La investigación comenzó a finales del año 2024 tras tener conocimiento la Guardia Civil de la formación de un nuevo asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 m², subdividido en 236 parcelas ubicadas en suelo rústico preservado. A raíz de esta primera línea de investigación, la Guardia Civil realizó inspecciones y comprobaciones in situ, toda vez que dicha segregación urbanística había sido realizada mediante Acta Notarial privada, dificultando mediante dicho acto la identificación de los titulares de las parcelaciones.

La Guardia Civil constató en el indicio de las investigaciones que dicho asentamiento ilegal había sido dotado de caminos de acceso, con un vallado perimetral contando con puertas automáticas de cerramiento, además de contadores de agua y luz, certificando los investigadores la instalación de viviendas prefabricadas así como algunas de ellas de obra.

Una actuación nunca antes vista en la provincia de Sevilla

Como consecuencia de las primeras diligencias llevadas a cabo a través de la colaboración directa con la Fiscalía de Medio Ambiente, se autorizó la entrada e identificación de las parcelaciones ilegales y zonas comunes del asentamiento. Dicha medida adoptada se trata de una actuación innovadora y de enorme envergadura en la provincia de Sevilla.

La laboriosa actuación llevada a cabo por parte de la Guardia Civil y Policía Local de Dos Hermanas ha culminado con la inspección y registro de más de 120 subparcelas ilegales, además de la investigación de 115 personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio, puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Los autores de estas actuaciones se enfrentan a penas de prisión entre 1 a 4 años, multas de 12 a 24 meses o del tanto al triplo del beneficio obtenido, inhabilitación especial para profesión u oficio, y al restablecimiento del orden alterado a cargo del autor del delito.

Los inspectores fueron nombrados agentes de la autoridad por la Junta

La Junta de Andalucía diseñó un nuevo plan de actuación y de ordenación de los recursos a través de un decreto que en la práctica supone que haya más personal destinado al control, con más medios, con más medidas de seguridad ante los "riesgos" que afrontan los funcionarios y con mayor capacidad de actuación cuando se detecte cualquier tipo de infracción en una parcela. 

El nuevo decreto refuerza además este cuerpo incorporando un elemento fundamental: los inspectores son desde este 2026 agentes de la autoridad, lo que les facilita la actuación a la hora de denunciar, precintar o acceder a una parcela de titularidad privada para comprobar si se está cumpliendo la normativa.