Claves del nuevo sistema de trabajo para los profesores en barrios vulnerables: la Junta propone un decreto que los sindicatos rechazan

La enseñanza en centros que están en barrios vulnerables de Andalucía está en el punto de mira por el choque entre la Junta de Andalucía y los sindicatos. Históricamente, este tipo de colegios ha tenido una alta rotación del profesorado, llegando a superar el 70% por ser especialmente difícil conseguir que los docentes desarrollen su carrera en un mismo colegio. La historia se repite con sus equipos directivos, un eje fundamental en la evolución de los centros y, sin embargo, puestos que son de difícil cobertura por su baja demanda.

Ante este escenario, los sindicatos del sector educativo y la Consejería de Educación llevan mucho tiempo negociando la puesta en marcha del nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) y la Movilidad del Profesorado que ha elaborado la cartera de Carmen Castillo y que tiene el respaldo de la Comunidad Educativa de Andalucía y el dictamen favorable del Consejo Escolar. Su principal objetivo es "regular la atención educativa en centros docentes situados en zonas desfavorecidas para prevenir y compensar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, geográficos o culturales".

De hecho, una de las principales novedades de este decreto es que, por primera vez, se van a definir medidas para aquellos alumnos vulnerables, "independientemente de si su centro está en una zona con necesidad de transformación social". También se contempla la bajada de la ratio en las aulas y se han establecido medidas para fidelizar a los profesores en este tipo de colegios.

Los sindicatos se alzan contra el decreto

La negociación ha generado grietas entre Educación y los sindicatos. Este miércoles, representantes de CSIF, ANPE, CCOO y UGT protestaron frente a la sede de la Delegación Territorial de Educación de cada una de las ocho provincias en defensa de los recursos de la educación compensatoria y la movilidad del profesorado que ejerce en centros en zonas de transformación social.

El motivo por el que los sindicatos rechazan este proyecto es el siguiente: el decreto permite que si la dirección del centro no se cubre por el procedimiento ordinario, pueda haber nombramiento extraordinario quedando a facultad del director para proponer miembros del equipo directivo en comisión de servicio. Una medida específica para centros con rotación anual de plantilla superior al 70%.

Para los sindicatos, esta medida hace que "miles de plazas" no salgan a concurso y que, por lo tanto, haya profesores no puedan optar a tener una vacante en alguno de estos centros por una contratación "a dedo" en este nombramiento extraordinario. "Se están empeorando las condiciones de la movilidad del profesorado", denuncia Manuela Tagua, responsable de Csif Educación en Sevilla.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que las plazas en comisión de servicio son la alternativa a "la falta de demanda" en estos colegios. "El problema es que nos faltan solicitudes", apuntan. En este sentido, insisten en que "en ningún caso un profesor con plaza fija puede perder su plaza" y que la comisión de servicio es una alternativa para conseguir estabilizar al profesorado. El año pasado, en el cómputo general del sistema, 28.878 funcionarios se movieron gracias a la comisión de servicio.

La responsable de Educación en CSIF de Sevilla señala la "opacidad" del decreto por la falta de transparencia sobre qué centros podrían acogerse a esta medida y la "ausencia de datos objetivos" que permitan comprobar si cumplen los criterios fijados por la Administración. "Para los sindicatos, no hacer públicos los centros afectados ni cuantificar las plazas elimina mecanismos de control y abre la puerta a decisiones discrecionales", apunta Tagua.

La Junta defiende que se ha incrementado los recursos personales en 1.275 docentes adicionales

Sobre esto, la Junta de Andalucía sostiene que este decreto incluye centros en zonas ERACIS, centros rurales, centros en instituciones penitenciarias y aquellos con más de un 15% de alumnado vulnerable. Además, establece una categoría para centros con alta movilidad de plantilla (más del 70%) y centros de especial dificultad permanente. En total, la cifra supera los 200 centros ZTS.

Las centrales sindicales señalan que el texto supone "un retroceso" respecto al modelo actual de educación compensatoria. Alertan de que no se asegura una financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía, ya que parte de las medidas previstas se sustentan en fondos europeos con vigencia hasta 2027. "¿Después cómo se financiará esto? ¿De dónde saldrán los recursos para atender a estos alumnos?", abunda Tagua.

Desde los sindicatos sostienen que la mejora de la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un "objetivo irrenunciable" y consideran que la reducción de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado "no contribuyen a ese fin y afectan a derechos como la conciliación familiar y laboral". Sin embargo, la Junta defiende que se ha incrementado los recursos personales en 1.275 docentes adicionales, además de recursos materiales con una inversión de 70 millones de euros.

Ante este choque, los sindicatos no descartan intensificar el calendario de protestas si el decreto definitivo no garantiza los recursos y derechos que reclaman.

Principales medidas del decreto

Entre las principales medidas de este nuevo decreto destaca la flexibilidad organizativa. Es decir, los centros podrán autorizar modelos alternativos de organización de espacios, tiempos y agrupamientos con el objetivo de lograr la permanencia del alumnado en el sistema y su progresión académica. Además, también se contempla la disminución del número de alumnos por profesor en las unidades escolares y se propone una planificación adecuada de servicios complementarios para responder a las necesidades de estas zonas.

Una de las claves de este decreto es conseguir la estabilidad de las plantillas en estos colegios. Por ello, los docentes tendrán 8 puntos adicionales para concursos de traslados si se mantienen 4 años de servicio en estos centros, y 3 puntos por cada año posterior consecutivo.