El delegado del Gobierno de Andalucía se desmarca de la detención de su ex jefe de gabinete Rafael Pineda: "Se investiga al Ayuntamiento de Sevilla"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reaccionado este jueves a la detención de quien fuera su jefe de gabinete, Rafael Pineda, por la investigación abierta por el alquiler y venta de la parcela de Emvisesa: "Son hechos que se refieren a una administración ajena a la Delegación del Gobierno y que tienen que ver con el Ayuntamiento de Sevilla",incidió.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha trasladado "máximo respeto" hacia la investigación judicial y ha declinado entrar en valoraciones sobre investigaciones judiciales. "Hay que respetar y que la Justicia haga su trabajo, como siempre lo hace, respetando al máximo los procedimientos judiciales". Pedro Fernández ha abogado en este caso por "poner claramente el foco" en que "lo que se está investigando son hechos supuestamente cometidos en una administración pública distinta a la Delegación del Gobierno".

El PP pide explicaciones

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, reclamó el pasado miércoles al delegado del Gobierno explicaciones por la detención de Rafael Pineda. "A mí me parece un escándalo supino, insuperable. Es para ponerse a temblar lo que este señor le pudiera estar contando a sus amigos narcotraficantes", apuntó.

Martín se ha preguntado en voz alta "qué piensa un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que se está jugando vida, que son ametrallados" por narcotraficantes cuando conocen que "el organismo que les coordina tiene a uno de sus máximos responsables haciendo favores, chanchullenado" a los integrantes de esa red de narcotraficantes.

La investigación

En concreto, el caso en cuestión por el que se investiga a Rafael Pineda está relacionado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, y junto a Pineda fueron arrestadas otras cuatro personas, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo el pasado martes, entre las que se halla un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que, en funciones de guardia de detenidos, acordó también este miércoles la puesta en libertad provisional de las otras cuatro personas detenidas en relación con las presuntas irregularidades detectadas en una operación urbanística.

Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según informaron desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.