'Operación Subterra' de la Guardia Civil en Doñana: trece investigados por extraer agua de forma ilegal

La macro operación Zahorí desarrollada por la Guardia Civil a nivel nacional para detectar usos irregulares de aguas superficiales y subterráneas ha puesto el foco en Andalucía. Quince personas y empresas están siendo investigadas en las provincias de Huelva, en el entorno de Doñana, y Córdoba tras la localización de infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de recursos hídricos. Este dispositivo, desarrollado durante un año completo, se ha saldado a nivel nacional con 941 infraestructuras ilegales detectadas y 31 personas investigadas.

Dentro de este macro dispositivo, la intervención en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal ha sido especialmente destacada. En esta zona se ha desplegado la conocida como Operación Subterra que ha localizado diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua. Ocho personas físicas y cinco jurídicas están siendo investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.

También en Andalucía, en la provincia de Córdoba, la Guardia Civil ha actuado en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para ejecutar la denominada operación Captaqua. A través de este dispositivo se detectaron pozos clandestinos destinados al regadío, así como captaciones legales manipuladas mediante un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído. La actuación finalizó con la investigación de una persona física y una entidad jurídica.

Balance en España

Esta macro operación se desarrolló entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. En ese tiempo se han detectado 941 infraestructuras ilegales asociadas a la captación de agua y se ha procedido a la investigación de 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales.

Del total de infraestructuras ilegales detectadas, el 60 % correspondían a pozos, el 24 % a sondeos, el 4 % a balsas, y el 12 % restante a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales. La operación ha permitido detectar un total de 29 infracciones penales, siendo las más frecuentes los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (28 %) y los delitos contra la ordenación del territorio (7 %). Asimismo, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas

Además de las actuaciones en Córdoba y Huelva, la Guardia Civil ha actuado en Madrid (operación Bredo) y en Murcia (Land Change).