Los dueños de viviendas turísticas de Andalucía se plantan contra el registro estatal: "No son alojamientos ilegales"

Los dueños de las viviendas turísticas se plantan contra la normativa estatal. El registro impuesto por el Gobierno de España, aprobado en 2024 y que entró en vigor en verano de 2025 ha vetado la actividad a miles de viviendas turísticas "legales" en Andalucía. Desde el sector han denunciado este miércoles el "grave impacto" que esta situación puede tener en una para fundamental del turismo en Andalucía.

La normativa impuesta por el Gobierno central, que llega después de años de registros autonómicos por toda España, choca de lleno con la regulación europea. Aunque en la teoría este nuevo mecanismo no supondría dos registros, no ha sido así en la práctica. La Unión Europea subraya que no se puede producir una duplicidad en los registros administrativos y, de hecho, ha instado a España a solucionarlo antes del 20 de mayo.

"Reclamamos que haya una rectificación profunda en el sistema porque es muy complicado poder operar si tienes que inscribirte en dos registros", ha sentenciado Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVA Pro. La patronal de la vivienda turística ha evaluado la situación actual en un desayuno informativo en el que han denunciado que la normativa establecida por el Ministerio supone "un muro burocrático, que no aporta".

Europa exige que no haya duplicidad

Para poder acceder al registro único, que es obligatorio para los distintos tipos de vivienda de corta estancia, es fundamental estar dado de alta en el registro de la propiedad. Desde AVVA apuntan a que esto es algo habitual en las grandes ciudades, pero al tratarse el registro de la propiedad de un listado voluntario, son muchas las viviendas en el mundo rural que, sin ser ilegales, no están inscritas.

Esta situación perjudica especialmente al entorno rural donde, según los datos que maneja la asociación, hasta el 70% de la oferta queda fuera del registro establecido por el Estado. Para la asociación este nuevo registro supone un "exceso de formalismo". "Decir que hay no se cuantas viviendas que no son legales porque no tienen número de registro no es real", ha señalado el vicepresidente.

Aunque sí que han insistido en la importancia de que "desaparezca la oferta clandestina", sí que han reclamado un cambio en el sistema y han recordado que las competencias en turismo dependen de las comunidades autónomas. "Se está castigando precisamente a quien hacía las cosas bien y se está poniendo en riesgo una actividad que fija población", ha denunciado Chávez, que ha aclarado que en Sevilla hay 9.000 viviendas turísticas inscritas.

Limitaciones de la Gerencia de Urbanismo

"Que no tenga el número de registro único no significa que no sea legal", ha asegurado Chaves. De hecho, ha explicado que hay casos en los que "si el que lo pide es el explotador, que no el propietario puede ser que el registrador lo rechace porque no es el propietario". También sostiene que se rechazan por la falta de documentos y ha insistido en que "no es que sea ilegal, es que hay un requisito a subsanar".

En el caso de Sevilla se aumenta esta situación al sumar las normativas locales. Aunque Juan del Toro, delegado de AVVA Pro en Sevilla, ha presumido de la relación que mantiene la asociación con el Ayuntamiento de Sevilla, sí que ha lamentado que se obligue a un cambio de uso de la vivienda turística. Del Toro ha subrayado que "se destruye vivienda" y ha pedido que se clarifique la necesidad de señalar el cambio de uso.

Aunque Sevilla es la ciudad en la que la normativa ha revocado más viviendas, esta es una situación que se da en toda la comunidad autónoma. En todo el territorio andaluz hay 21.000 viviendas turísticas que han sido anuladas, muchas en la Costa del Sol. Así, desde AVVA Pro han destacado la situación de Marbella, con 2.993 viviendas; Granada, que tiene 620; Málaga, que acumula 1.854, o Benalmádena, que suma 1.035.