García Caparrós: una reforma legal a las puertas del 28-F para enmendar el "frustrante" rechazo a que sea víctima del terrorismo

El escrito remitido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la familia de Manuel José García Caparrós denegándole la condición de víctima del terrorismo ha generado un grave problema político para los grupos de la izquierda que se habían comprometido con la familia a este reconocimiento, que implica también el acceso a ayudas e indemnizaciones. Una circunstancia que se agrava por el hecho de que se ha producido a las puertas del 28 de febrero, Día de Andalucía.

El Ministerio del Interior mantiene el mismo relato que ya remitió por escrito a la familia y que coincide con lo que se había planteado sobre esta posibilidad en ocasiones anteriores, como en 2007 cuando se tramitó por primera vez: "Los execrables hechos ocurridos el día 4 de diciembre de 1977, en los que lamentablemente, como indican en su escrito, un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparros causándole la muerte, no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo". El motivo, es que la responsabilidad es de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuyo cometido "es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos".

Pero estos argumentos jurídicos no son suficientes. Las formaciones de izquierda, que forman parte de la coalición de Gobierno, han respondido con dureza a la denegación y dentro del PSOE andaluz la decisión ha sido encajada como un varapalo a las puertas del Día de Andalucía. De ahí que el Gobierno el pasado martes anunciara una modificación legislativa urgente, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, para que el joven asesinado un 4 de diciembre sea reconocido como víctima de persecución política a través de una modificación de la ley 20/2022 de Memoria Democrática.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que la forma más rápida de reconocer como víctima al joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación de diciembre de 1977, sería acometer en el Congreso un cambio urgente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, pues con la legislación actual no es posible considerarlo víctima de terrorismo ni de la represión franquista.

Así ha sido el enfrentamiento en el Parlamento andaluz

Este anuncio por parte del ministro fue empleado por las formaciones de Por Andalucía y por el PSOE para tratar de salir del enredo y desviar la presión hacia el PP andaluz. Si el Consejo de Ministros aprueba esta modificación tendrá que ser convalidada en el Congreso y no es la primera vez que el PP se enreda con la situación de García Caparrós en la Cámara Alta, como ocurrió ya con la desclasificación del expediente.

"Los socialistas seremos quienes cambiemos la ley para que reconozcamos lo que es, víctima del terrorismo de derecha que le arrebató la vida a un joven andaluz”, apuntó la portavoz socialista, María Márquez, durante su cara a cara con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En esta misma línea, la portavoz de Por Andalucía reclamó durante la sesión la tramitación de una Proposición no de ley urgente en el Parlamento antes de que acabe el periodo de sesiones para exigir este cambio legal.

El PSOE andaluz también ha puesto encima de la mesa otro planteamiento en relación con la situación de García Caparrós. El parlamentario Rafael Recio propuso el jueves una modificación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza de 2017 que permitiera "ahondar en el reconocimiento de la figura y la reparación integral con compensación económica a su familia por sufrir la violencia institucional". La Junta de Andalucía no se plantea esta vía.

El Gobierno andaluz de momento no se da por aludido por estos intentos de desviar la presión. De hecho, tanto la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, el pasado miércoles, como el presidente Juanma Moreno este jueves han eludido un respaldo expreso a una modificación legislativa. Básicamente, porque el problema es del Ejecutivo central y es quien tiene que buscar la solución. "Comparto su frustración pero esto es una competencia estatal y ha sido el Gobierno quien ha rechazado este reconocimiento a García Caparrós".