El Gobierno abre la vía para indemnizar a la familia de García Caparrós con 250.000 euros 48 años después de su asesinato

El Gobierno de España ha conseguido enmendar el varapalo para la familia y para el PSOE andaluz que supuso el escrito del Ministerio del Interior denegando la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que abre la vía a su reconocimiento como persona fallecida en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, una figura creada en la Ley de Memoria Democrática de 2007. Con esta decisión su familia podrá acceder a una indemnización de hasta 250.000 euros. Este acuerdo, no obstante, debe ser ahora ratificado en el Congreso, donde los dos socios de gobierno no cuentan con una mayoría estable.

La modificación legislativa, impulsada por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, supone una modificación de la Ley de Memoria Democrática de 2007 para incorporar un derecho a la indemnización a las "personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubieran sufrido lesiones incapacitantes (...) siempre que no hubieran sido indemnizadas en virtud de la actual ley". Esta vía introduce una figura legal en la que tiene encaje Manuel José García Caparrós.

Para estas personas se establece la posibilidad de acceder a una indemnización de 250.000 euros por víctima fallecida. Además, para las personas que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes se habilita una cuantía de 180.000 euros y para gran invalidez de hasta 500.000 euros. La familia de García Caparrós sería la beneficiaria de la indemnización dado que la podrán percibir hijos y cónyuges o "quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad".

Para acceder a esta ayuda, la familia de Manuel José García Caparrós deberá elaborar una solicitud y presentarla ante el Gobierno de España. El plazo para ello es de un año ampliable en otro más si así lo determina el Consejo de Ministros.

La familia ya había tramitado el reconocimiento del joven asesinado en Málaga como víctima del terrorismo el pasado mes de diciembre, una iniciativa que adoptó tras obtener el compromiso del Gobierno de que iba a facilitar su aceptación. Sin embargo, finalmente, un escrito del Ministerio del Interior descartó su encaje legal pese a subrayar los "execrables hechos ocurridos el 4 de diciembre de 1977". Sí tuvo más éxito la familia en su intento de acceder a toda la documentación desclasificada y sin anonimizar, reivindicación que logró el pasado año.

Otras revisiones complementarias

La modificación legislativa es más amplia e incorpora un cambio de límite temporal. Así, hasta ahora el periodo de reconocimiento y reparación integral de víctimas se establecía entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Ahora, este límite se amplía hasta el 29 de diciembre de 1978 cuando entra en vigor la Constitución Española. De esta forma, se da cabida a más posibles personas fallecidas o que sufrieran lesiones.

Como límite, el Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, establece una limitación: "No podrán recibirlas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas".