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Educación

Erasmus+ en Andalucía: más de 12 millones de inversión y ayudas de hasta 473 euros al mes

Los universitarios piden un marco común para estas becas, con una cuantía mínima garantizada, criterios homogéneos y que los pagos se realicen antes de empezar el curso

Alumnos de Erasmus en la UPO.

Alumnos de Erasmus en la UPO. / EFE

A. R. C.

Miles de universitarios han solicitado en las últimas semanas las becas Erasmus+ para cursar parte de sus estudios en otro país europeo el próximo curso. Sin embargo, la cuantía que recibe cada estudiante no depende sólo del tramo estatal, sino también de la financiación complementaria que aporta cada comunidad autónoma. En ese mapa desigual, Andalucía vuelve a situarse entre los territorios que más apoyan la movilidad internacional, con ayudas que pueden alcanzar los 473 euros mensuales.

Según el VII informe del Observatorio de Cofinanciación, elaborado por estudiantes a través de Erasmus Student Network (ESN) España bajo el lema No es más, es mejor, la comunidad andaluza encabeza la inversión autonómica en este programa con más de 12,15 millones de euros. Junto al País Vasco, aparece como una de las regiones que mejor cofinancian las estancias en el extranjero, en contraste con otras comunidades donde las ayudas siguen siendo mucho más limitadas.

En el caso andaluz, la beca complementaria cuenta con una ayuda base de hasta 263 euros al mes, a la que se suma una ayuda especial de hasta 210 euros mensuales, también acumulable. Eso permite que algunos estudiantes puedan llegar a percibir hasta 473 euros al mes, una cifra muy superior a la de otras autonomías. Murcia, por ejemplo, figura entre las que menos aportan, con ayudas de 25 euros mensuales, mientras que otras regiones mantienen presupuestos reducidos o ni siquiera han publicado aún sus convocatorias.

Encarecimiento del coste de la vida

Pese al aumento del presupuesto estatal de Erasmus+, que ha pasado de 30 millones de euros en 2016 a 70 millones en 2025, y al crecimiento de las partidas autonómicas en los últimos cinco años, el informe concluye que ese esfuerzo no se está traduciendo en una mejora real para el alumnado. La razón, según denuncia ESN España, es el encarecimiento del coste de vida en muchas ciudades europeas, lo que reduce el impacto efectivo de las ayudas y mantiene una importante brecha territorial en el acceso a la movilidad.

A esta diferencia entre comunidades se suma además la variación de las becas según el país de destino. Los estudiantes que viajan a países con un coste de vida más alto, como Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Italia o Suecia, pueden recibir entre 350 y 674 euros mensuales. En los destinos de coste medio, como Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Grecia o España, las ayudas oscilan entre 300 y 600 euros, mientras que en países con menor coste de vida, como Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia o Rumanía, se sitúan entre 250 y 550 euros al mes.

Quejas de los estudiantes

Pese a que Andalucía destaca por su aportación, los estudiantes insisten en que el problema no es sólo cuánto se concede, sino cómo y cuándo se paga. El informe advierte de que muchas becas no cubren toda la duración de la estancia, llegan con retraso y siguen sin dar suficiente peso a los criterios socioeconómicos. A su juicio, estas carencias se repiten desde hace años y siguen dificultando que quienes tienen menos recursos puedan acceder en igualdad de condiciones a una experiencia internacional.

Por eso, entre sus principales exigencias figura aumentar la financiación del tramo estatal y crear un marco mínimo autonómico común para todas las comunidades, con una cuantía mínima garantizada, criterios homogéneos y calendarios de convocatoria coordinados. También reclaman que las ayudas se abonen antes del inicio de la movilidad, para evitar que muchas familias tengan que adelantar gastos imposibles de asumir.

Además, piden priorizar la equidad y la inclusión del alumnado con menos oportunidades, simplificar y digitalizar los trámites, incentivar las estancias largas con complementos específicos y reforzar la transparencia. En este último punto, solicitan que cada comunidad publique todos los años datos claros sobre presupuesto, número de beneficiarios, cuantía media y plazos de resolución. El mensaje de fondo es claro: no basta con que haya más fondos si ese aumento no se traduce en una mejora real para quienes quieren estudiar fuera.

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