Montero dejará el Gobierno pero no renunciará a ser diputada en el Congreso cuando se convoquen las elecciones andaluzas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene su intención de dejar el Gobierno en cuanto se convoquen las elecciones andaluzas, pero mantendrá el escaño hasta la constitución del nuevo Parlamento autonómico para no perder la plaza de funcionaria que tiene reservada en el Hospital Virgen del Rocío.

En una conversación con periodistas en el Congreso, Montero ha apuntado dos posibles fechas para celebrar los comicios andaluces: el domingo 31 de mayo o ya el domingo 21 de junio, pues entre una y otra jornada está prevista la visita a España del Papa León XIV a España y no cree probable que haya campaña electoral y jornada de votación.

La fecha definitiva la decidirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es quien tiene la competencia, pero en cuanto sea oficial la vicepresidenta dejará el Gobierno de Pedro Sánchez, sea el mismo día o al día siguiente, para centrarse en la campaña.

No obstante, Montero seguirá unas semanas más como diputada en el Congreso para preservar la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío, ya que si renunciara al escaño tendría que reincorporarse. Eso sí, la previsión es dejar el Congreso cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz y acceda a su nuevo asiento parlamentario.

Dudas sobre su futuro

El gesto de mantener el acta de diputada en el Congreso alimenta las teorías sobre que Montero no llegará a tomar posesión de su escaño en Andalucía si se pronostican las encuestas que señalan un hundimiento del PSOE en las andaluzas, con la vicepresidenta como candidata. Aunque fuentes del equipo de la socialista aseguran que este no es el motivo, el hecho de que conserve el escaño en las Cortes y se garantice un sillón en Madrid será utilizado por sus contrincantes como señal de debilidad. Otras voces en el PSOE no ocultan que es importante que Montero se mantenga como aforada en un momento en el que hay tantos escándalos judiciales que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez y se vive un enfrentamiento de los jueces con el poder ejecutivo. "Sin duda lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado", condenado e inhabilitado por el Supremo, "es un buen indicio del momento que se vive en el pulso entre poder judicial y ejecutivo".