El plan de choque de vivienda de Andalucía llega a 180 municipios: cambian suelo para hacer VPO en cinco años

El primer plan de choque de la Junta de Andalucía para ampliar el parque público de viviendas a través de la recalificación de suelos o del incremento de la edificabilidad se ha cerrado con la adhesión de 180 municipios en los que residen más de seis millones de personas. El plan ha llegado a pequeñas localidades como Olula de Castro (127 habitantes) o Parauta (270) y a todas las capitales y grandes ciudades andaluzas. Todas ellas, que representan un 22% de los municipios de la comunidad, han firmado una adhesión para ejecutar cambios exprés de planeamiento que les permitan construir viviendas protegidas. Eso sí, con una condición, tienen haber pedido licencia de obras en dos años y haber entregado los pisos en un plazo máximo de cinco.

El decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía entró en vigor justo hace un año, en marzo de 2025. Este texto, que se planteó como un plan de choque mientras se aprobaba la Ley de Vivienda, establecía un periodo de un año, que finalizó el pasado 4 de marzo, para que los municipios andaluces plantearan propuestas concretas de cambios urbanísticos exprés para aumentar las VPO. Se habilitaba la posibilidad de recalificar suelos dotacionales (reservados para equipamientos) o terciarios (para usos como oficinas u hoteles) para hacer VPO en alquiler. También se permitía aumentar la edificabilidad en parcelas a cambio de hacer sólo pisos protegidos.

El decreto establecía una condición vinculante para estos municipios que se adhirieran: los cambios de calificación no podían derivar en suelos que se quedaran bloqueados durante años con su nuevo uso. Por este motivo, se establecía que debían solicitar las licencias de obras en las parcelas en un plazo de dos años y entregar viviendas en un periodo máximo de cinco años a contar desde la adhesión al plan.

Con estas condiciones, 180 municipios se han adheridos. De todos los tamaños y de todas las provincias. El listado lo lidera Almería con 38 localidades, muchas de ellas pequeñas; seguido de Málaga con 35, Cádiz con 23 y Sevilla con 21. En Córdoba se han sumado 21; en Granada 19; trece en Huelva y diez en Jaén. En el listado se encuentran todas las capitales y las grandes ciudades andaluzas. Pero también muchos municipios pequeños: concretamente, 84 con menos de 10.000 habitantes.

Cuántas viviendas se van a construir en estos municipios

La Consejería de Fomento presentó su balance de la ejecución de este decreto en el último Consejo de Gobierno en un informe en el que se apunta dentro de estos municipios ya se han iniciado proyectos para 8.256 viviendas protegidas en alquiler, la mayoría ubicadas en las grandes ciudades. No obstante, la cifra puede crecer en los próximos meses dado que hay municipios que se han adherido pero aún no han formalizado los proyectos.

De hecho, sólo en los 13 municipios con más de 100.000 habitantes han reunido bolsas de suelos disponibles urbanizados y listos para construir que suman 43.313 viviendas. De ellas, 6.958 estaban calificados como dotacionales y 2.442 como terciarios y ahora se destinarán a vivienda protegida.

La Unidad aceleradora para los grandes proyectos

El decreto de medidas urgentes también estableció que los grandes proyectos residenciales que reunieran una serie de requisitos pudieran acceder a una vía exprés que acelerara su tramitación. De momento, ya se ha completado el proceso en Tarifa, pero hay además otras nueve iniciativas en lista de espera con 20.371 viviendas repartidas por las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.  

Los proyectos residenciales deben cumplir una serie de requisitos como una reserva de suelo para, al menos, 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que su construcción se inicie en un plazo inferior a cinco años. También podrán asignarse iniciativas residenciales de más de 500 viviendas que incluyan en sus determinaciones la reserva legal de vivienda protegida y una programación de iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años.