Andalucía fija tras las elecciones la entrada en vigor de la nueva ley ambiental que reduce plazos para abrir negocios y endurece sanciones

La nueva ley de gestión ambiental supone una profunda transformación en los procedimientos y trámites que se llevan a cabo en Andalucía para abrir un negocio o iniciar una actividad empresarial. Se recortan plazos, se incentiva la declaración responsable (es decir sin un control previo), se modifican las competencias de los ayuntamientos y se endurecen las sanciones económicas ante infracciones incorporando medidas como la reparación de los daños causados. Todo esto conlleva de forma paralela un refuerzo de personal para la realización de los trámites y las inspecciones que se ha fijado en un centenar de profesionales cuya contratación se encuentra ya en trámite por parte del Gobierno andaluz.

Por este motivo, en esta ley, una de las últimas aprobadas por el Gobierno andaluz en la legislatura, se ha fijado un periodo de adaptación de hasta tres meses. Es decir, hasta finales de junio, después de las elecciones autonómicas andaluzas, no entrará en vigor y por tanto no se aplicará ninguna de las medidas incorporadas en el texto legislativo y que sustituyen una normativa que databa del año 2007 y que, por tanto, contaba con casi 20 años de antigüedad. Esta transformación afecta a negocios de todo tipo desde bares y salas de fiesta hasta grandes desarrollos industriales.

Creación de nuevos procedimientos y plazos

La nueva Ley de Gestión Ambiental, publicada ya en el BOJA, afecta de forma directa a las competencias de todos los ayuntamientos. De esta forma, se crea la licencia ambiental que sustituye a la antigua calificación ambiental y debe concederse en tres meses. Hasta 33 categorías de negocios que dependían de este permiso municipal pasarán a poder iniciar su actividad únicamente con una declaración responsable, es decir, con un escrito que acredite que cumplen con la normativa. Esto afecta específicamente a los bares, pubs o restaurantes que no necesitarán ya de un control previo y podrán abrir sólo con un escrito que acredite que cumplen la norma.

La nueva ley, que sustituye una legislación vigente desde 2007, también dota de nuevos plazos y procedimientos a los proyectos con impacto ambiental que requieren de unos permisos más complejos y con revisiones previas. Es el caso de la autorización ambiental unificada, un expediente que hasta el momento tenía un plazo de ocho meses para completarse. Con la nueva normativa, se reducirá a seis.

En algunos casos, los proyectos empresariales podrán requerir una Autorización Ambiental Unificada Simplificada por lo que los permisos los pasará a conceder al Junta de Andalucía a través de un modelo reducido que tiene un plazo máximo para su aprobación de cinco meses. Esto afectará a unos 400 expedientes al año.

Endurecimiento de sanciones y actuaciones compensatorias

La normativa actualiza los importes de las multas. Una infracción vinculada con la el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada o en la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (dos categorías reservadas a grandes proyectos empresariales con impacto en el medio ambiente) oscilará entre los 2.400 y los 2,4 millones de euros en función de su gravedad y su impacto sobre el entorno.

Cuando se trate de incumplimientos vinculados con el uso irregular de la declaración responsable para abrir un negocio (con informes que no se correspondan con la realidad o sin atender los requerimientos de la administración) las multas podrán alcanzar los 24.000 euros.

En estos casos, además, la Junta de Andalucía habilita una posibilidad que hasta ahora no contemplaba la normativa: sustituir las sanciones por la ejecución de actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental.