La Junta de Andalucía convoca al consejo del estadio La Cartuja: analizará los contratos con Rubiales y decidirá el futuro del gerente imputado

La Junta de Andalucía, como presidenta de la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha convocado formalmente un consejo de administración extraordinario el próximo viernes 27 de marzo para analizar la imputación de su gerente, Daniel Oviedo, y el informe de la UCO que detecta irregularidades en los contratos firmados con la Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales para preparar el estadio para la celebración de la Eurocopa de 2020 (aplazada a 2021). La convocatoria se produce tras la presión de dos de los miembros de la sociedad, Patrimonio del Estado y la Diputación Provincial, que remitieron escritos formales para pedir una sesión en la que se analizarán posibles medidas a adoptar. El objetivo es que todas las administraciones que forman parte de la sociedad adopten decisiones.

El pasado 10 de marzo se hizo público el auto de la juez instructora del conocido como caso Supercopa en el que abría una pieza separada para investigar las relaciones de la Federación Española de Fútbol con la sociedad que gestiona el Estadio Cartuja. En esta instrucción apunta directamente al gerente del estadio, nombrado por el consejo de administración, y al ex secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, José María Arrabal. Ambos figuran como investigados en la causa por su participación en una serie de contratos firmados con la empresa Gruconsa, vinculada a la dirección de la Federación Española de Fútbol.

A raíz de estos hechos la Junta de Andalucía incidió en cualquier decisión en torno al futuro del gerente o a una posible personación en la causa debía abordarse en el seno de la sociedad que gestiona La Cartuja, participada por distintas administraciones. Concretamente, la Junta posee en torno a un 35%, Patrimonio del Estado el 30,5%, la Diputación de Sevilla está en torno al 15%, el Ayuntamiento de Sevilla un 17%. Además, cuentan con participaciones muy minoritarias Ogden Spain, S.A. (0,014%), el Ayuntamiento de Santiponce (0,010%), la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (0,08%), Real Betis Balompié (0,004) y Sevilla Futbol Club (0,009). La presidencia y la gestión, no obstante, dependen de la Administración autonómica.

Tras difundirse el auto tanto Patrimonio del Estado como la Diputación registraron escritos solicitando una reunión extraordinaria del consejo de administración para analizar las "graves informaciones" y para "adoptar todas las decisiones que se puedan producir". La Junta de Andalucía pidió públicamente tiempo para analizar los informes de la Guardia Civil y el auto judicial. Finalmente, ya ha formalizado la convocatoria de consejo extraordinario para este viernes 26 de marzo.

Comparecencias en el Parlamento andaluz

La oposición también ha pedido públicamente la comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, y del propio gerente del Estadio en el Parlamento para aclarar las posibles irregularidades detectadas en los contratos con la Federación Española de Fútbol recogidas en el informe de la UCO y en el auto judicial.

Esta investigación judicial también centró la última comparecencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en el Parlamento donde todos los grupos de la oposición pidieron explicaciones por las investigaciones de la Guardia Civil y la gestión del Estadio. En su respuesta a los grupos, el líder del PP andaluz subrayó que los acuerdos en el consejo de administración se acordaron por unanimidad y con presencia por tanto de representantes institucionales de todas las formaciones políticas.

Todas las partes representadas en el consejo de administración que aprobó cambiar las normas para acelerar las contrataciones antes de la celebración de la Eurocopa en 2021 y dejarlas en manos de Luis Rubiales votaron a favor. Según el acta que desveló El Correo de Andalucía, Junta, Ayuntamiento, Gobierno y Diputación, reunidos de forma telemática, avalaron el procedimiento de urgencia por el que la jueza ha imputado al gerente y al exsecretario general de Deportes.