Un paciente agrede a un técnico de radiodiagnóstico en el Hospital Juan Ramón Jiménez tras enterarse de que el médico estaba en huelga
El SAS activa apoyo psicológico y jurídico tras la agresión al técnico sanitario en Huelva

Movillización de protesta en la entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez. / El Correo

El suceso tuvo lugar el pasado jueves en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, cuando se le comunicó a un paciente que acudía a hacerse una prueba de que no podía realizarse porque el médico estaba en huelga, tras lo cual agredió al técnico de radiodiagnóstico que le informó, según indican fuentes hospitalarias.
La delegada de Sanidad de la Junta en Huelva, Manuela Caro, y el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega, junto al equipo directivo, han condenado con firmeza la agresión sufrida por un técnico de radiodiagnóstico del centro mientras ejercía su labor, mostrando su “más enérgica” repulsa y recalcando que ningún tipo de violencia, ya sea física o verbal, dentro o fuera del ámbito sanitario, tiene justificación.
Activación de protocolos sanitarios ante agresiones
Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, tras este suceso, el hospital ha activado el protocolo diseñado por el Servicio Andaluz de Salud para este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al profesional afectado. Esta actuación se enmarca en el Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.
Además, desde el hospital ha destacado el compromiso de sus profesionales sanitarios con la salud de los ciudadanos y hace un llamamiento público contra estos comportamientos incívicos, invitando a hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en "un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud".
Consecuencias legales de las agresiones a sanitarios
Asimismo, ha insistido en que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera delito de atentado por los tribunales de justicia, habiéndose dictado ya varias sentencias en esta línea.
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