Andalucía aplaza a 2027 la ley que endurece las sanciones a las viviendas turísticas: tendrá que empezar de cero tras las elecciones del 17M

La segunda legislatura de Juanma Moreno iba a concluir este jueves con la aprobación de la Ley de Turismo Sostenible, un nuevo marco legal que refuerza las posibilidades de inspección y sanción a las viviendas turísticas ilegales que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 17 de mayo no sólo supone que esta ley no se apruebe en el Parlamento andaluz y, por tanto, entre en vigor este año. Implica que cuando haya un nuevo gobierno y arranque el siguiente periodo de sesiones (después del verano) tendrá que volver a empezar de cero y someterse al plazo de presentación de enmiendas en la Cámara autonómica.

La redacción final de la Ley, además, dependerá del resultado de las próximas elecciones autonómicas dado que el PP se encontró durante su tramitación con el rechazo de todos los grupos de la oposición que, en el caso de las formaciones de izquierda, llegaron incluso a reflejarse en enmiendas a la totalidad. Junto a esta iniciativa legislativa, se encuentran en esta misma situación la Ley de Ciencia y las leyes que crean los colegios profesionales de pedagogía y detectives privados.

Qué establecía la Ley de Turismo Sostenible

La Ley de Turismo Sostenible había implicaba el reconocimiento por primera vez a nivel autonómico de las viviendas como alojamientos turísticos equiparables a los hoteles, un paso que ya han dado los ayuntamientos a través de sus normativas municipales. A partir de ahí, reforzaba los instrumentos de ordenación ya adelantados en el plan de medidas extraordinarias en materia de vivienda aprobada a principios de año en relación con el control del acceso al registro turístico o la capacidad de los ayuntamientos de actuar en aquellas zonas que se encuentren saturadas.

Al mismo introducía nuevas sanciones que se dividen en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

Mejora de la ordenación

La Ley de Turismo Sostenible además establece un marco jurídico claro en torno a las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos en torno a la ordenación de los usos turísticos. Con este documento, las ciudades tendrán margen para ampliar sus medidas y los anuncios realizados hasta el momento por ciudades como Sevilla o Cádiz tendrán cobertura legal.

En primer lugar, la nueva normativa turística habilita a los ayuntamientos para elaborar un "plan de ordenación de los recursos turísticos" un concepto amplio que permitirá, de acuerdo con la redacción del articulado, "delimitar zonas y ámbitos turísticos, identificar necesidades de infraestructuras o servicios y, sobre todo, establecer una capacidad máxima de plazas de alojamiento que podrá desagregarse por zonas o tipos de servicios". Es decir, se podrá determinar a través de nuevos instrumentos cómo ordenar las plazas para cumplir los objetivos turísticos y al mismo tiempo intervenir cuando afecten a la convivencia.