El teletrabajo para los funcionarios se atasca en Andalucía: la Junta aplaza su puesta en marcha y los sindicatos anuncian movilizaciones

Los funcionarios andaluces siguen sin decreto de teletrabajo. En julio de 2024, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los sindicatos firmaban un acuerdo para ampliar las jornadas de trabajo desde casa. La medida superó el trámite de exposición pública en mayo del año pasado y, sin embargo, casi 11 meses después, fuentes sindicales lamentan que "Ni está ni se le espera". Desde la Junta de Andalucía apuntan que están a la espera de informes pero que "no hay nada aplazado".

Este miércoles, CSIF, UGT y CCOO se reunieron con representantes de la Consejería para conocer los avances de este decreto y la realidad fue "un jarro de agua fría". La convocatoria de elecciones puso en alerta a los representantes de los trabajadores, que incluyeron este punto del día en el último encuentro con la Junta que, aunque asegura que los comicios no afectarán, también aclaran que no hay fecha para su entrada en vigor. De hecho, en la reunión la Junta les trasladó que estaban al menos a la espera del informe presupuestario, del gabinete jurídico y del Consultivo.

"Estamos tremendamente decepcionados. Se ha demostrado que el teletrabajo no es una prioridad para esta administración y no tiene fecha para su puesta en marcha", explica Juan José Gener, responsable de Servicios Públicos de UGT, quien advierte que habrá movilizaciones en respuesta a esta paralización. "Si nos quieren echar un pulso, tendrán una respuesta", puntualiza.

"Se terminó de negociar en julio de 2024 y a fecha de hoy seguimos estancados totalmente", explica a El Correo de Andalucía Juan Antonio Perles, responsable de funcionariado de FSC-CCOO. Como él, Esperanza Martínez, negociadora de CSIF, denuncia en el encuentro, desde la Consejería les explicaron que hubo "más de 2.000 alegaciones y siguen a la espera de varios los informes". De hecho, Perles señala que, según los cálculos de CCOO, la norma tardará, "como mínimo", seis meses en entrar en vigor.

Los funcionarios que menos teletrabajan

Los funcionarios andaluces son los empleados públicos que menos días pueden trabajar desde casa a la semana. Este decreto abría la posibilidad de que este número aumentara y se igualara a otros trabajadores de distintas administraciones del país, en el Estado tienen hasta tres días. Sin embargo, en el encuentro, en el que la cartera que dirige José Antonio Nieto no facilitó ningún documento por escrito, les confirmaron que no podría aprobarse antes de las elecciones autonómicas.

Esta situación está recogida por una instrucción que se puso en marcha tras la pandemia. Sin embargo, desde los sindicatos lamentan que "no existe un marco legal ni unas garantías". De esta forma, en algunos centros de trabajo se aplica de una manera y en otros de otra. La entrada en vigor de un decreto permitiría establecer las claves centrales sobre las que tiene que girar el trabajo desde casa de los trabajadores públicos.

Los sindicatos anuncian movilizaciones

Los avances en materia de funcionariado de esta legislatura han sido múltiples. El decreto estrella fue el de carrera profesional, que subía el sueldo a los empleados públicos y en el que los técnicos de la Consejería y los sindicatos trabajaron durante meses para que fuera una realidad. "Han puesto todo su esfuerzo ahí", lamenta Martínez que les comentaron en el encuentro desde la Secretaria General de Función Pública.

Por ahora, UGT ya ha anunciado que convocará movilizaciones entre sus miembros para denunciar esta situación, aunque estas tendrán lugar después de las elecciones autonómicas. Gener detalla que, por el momento, "no hay un calendario cerrado". Desde CSIF y CCOO mantienen cautela sobre las medidas que tomarán, aunque los tres sindicatos coinciden en que serán acciones tomadas de forma conjunta.

Desde CCOO recuerdan que la Junta busca transformar la administración pública y subrayan que este decreto es clave para ello: "No tiene nombre". El objetivo de la Junta era poder publicar el texto a partir del 1 de enero en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), hace casi cuatro meses ya. Este decreto beneficiaría a unos 50.000 empleados públicos y tendrá un carácter voluntario y reversible.