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Más de 15 años sin convenio: los trabajadores de la salud mental andaluza estallan a las puertas de las elecciones

Los empleados de Faisem denuncian "doblajes de turnos" y reclaman que se igualen sus salarios a los del resto de trabajadores que desempeñan funciones similares

Los trabajadores de Faisem reclaman condiciones laborales "digna".

Victoria Flores

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El convenio colectivo de Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) caducó en 2009, hace más de 15 años. A un mes de que se celebren las elecciones, los trabajadores de esta asociación del sector instrumental de la Junta de Andalucía se han lanzado a la calle para exigir que tras casi 20 años de peticiones, el Gobierno atienda a sus peticiones y lo haga antes de los comicios.

Los sindicatos reclaman que haya una actualización del convenio colectivo que garantice la estabilidad laboral del personal. Además, exigen una reclasificación profesional y una equiparación salarial a otros trabajadores públicos que realizan funciones similares, pero que, sin embargo, son retribuidos de una manera distinta. Si estas reivindicaciones no son escuchadas por la Junta, se mantendrán las movilizaciones.

La sanidad y la situación de los trabajadores sanitarios han sido las principales críticas de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno. Con este panorama, a las reclamaciones de los empleados de Faisem se han sumado también el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y la diputada socialista Verónica Pérez, que han querido mostrar su apoyo a los trabajadores y exigir respuestas al Ejecutivo andaluz.

Críticas por parte de la izquierda

Decenas de empleados de Faisem se han concentrado a las puertas de Torre Triana, una de las principales sedes de la Junta de Andalucía en Sevilla, para una mejora en sus condiciones laborales, que lamentan que no son "dignas". Las representantes de CCOO, UGT y CSIF han explicado que los empleados trabajan "constantemente en servicios mínimos". "Hay doblaje de turnos y las infraestructuras están totalmente deterioradas", han denunciado.

"Son víctimas de un Gobierno que los deja abandonados, que donde no ve negocio no les interesa", ha señalado el líder nacional de Izquierda Unida. Maíllo, que ha aprovechado para denunciar la situación de la sanidad en Andalucía, ha explicado que "este colectivo está luchando por una mejora de atención a las personas con trastornos graves" y, sin embargo, desde el Ejecutivo, "desprecian sus reivindicaciones".

Pérez ha puesto el foco en "las condiciones laborales indignas" para señalar "que no tiene justificación que no se haya abordado". Si bien el convenio caduco durante el mandato socialista, la diputada ha recordado que los populares "llevan ocho años y no tienen voluntad política". "Cada vez es más complejo, son más complejas las patologías y, sin embargo, la plantilla ha ido disminuyendo", ha asegurado.

"Va a haber guerra"

En los últimos años, la plantilla de Faisem, que conforma la segunda organización pública de mayor tamaño de la comunidad autónoma, se ha reducido en casi 200 trabajadores. Esta situación, según han explicado, ha afectado directamente al trato que reciben los pacientes, puesto que ya "no hay atención personalizada". Es por ello que han advertido a la Junta: "Va a haber guerra y lucha por parte los profesionales".

Los trabajadores de Faisem quedaron fuera del acuerdo alcanzado entre Junta y funcionarios en noviembre. Si bien abogaba por actualizar los convenios del sector instrumental, un requisito fundamental para los sindicatos, no se daba una fecha para ello. Actualmente, gran parte de la plantilla cobra un sueldo que roza el salario mínimo. Por el momento, desde la Junta les han emplazado a tratar su situación una vez pasen las elecciones del 17 de mayo.

Faisem nació en 1993 para dar cobertura a las personas con dependencia y discapacidad por trastornos mentales graves. El objetivo era que estos pacientes tuvieran una atención específica y una red de apoyos por parte del personal de la federación, tras el cierre de los centros psiquiátricos en el país.

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