Las universidades públicas andaluzas pactan una tregua con la Junta tras aprobar 37,5 millones extra

Una tregua, un bonus de tiempo y un bajar las espadas en plena precampaña electoral. Así se entiende el acuerdo alcanzado este viernes entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas andaluzas que han escenificado una tregua en el conflicto abierto por la financiación del sistema universitario, después de que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) haya dado luz verde al primer reparto presupuestario de 2026, que incorpora una partida adicional de 37,5 millones de euros destinada a atender reclamaciones económicas de los campus.

El acuerdo, respaldado por nueve rectores y con la abstención del de la Universidad de Jaén (UJA), permite rebajar de momento la tensión acumulada en los últimos meses entre la Administración autonómica y las instituciones académicas, especialmente por el desfase denunciado por las universidades en materia de personal. De hecho, esta misma semana, la rectora de la Universidad de Sevilla anunció en la reunión del Consejo de Gobierno un plan de ajuste para recortar gastos de servicios centrales por los que, entre otras medidas, se cerrarían centros por la tarde y se bloqueaba la promoción de personal docente. En materia cultural, por ejemplo, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) ya está ejecutando recortes y se ha anunciado la cancelación del veterano ciclo Ahora Danza Sevilla.

En los últimos meses, el rector de la Universidad de Jaén ha sido especialmente combativo con la política presupuestaria en materia de universidades de la Junta y en reiteradas ocasiones ha acusado tanto al presidente como al consejero José Carlos Gómez Villamandos de incumplir los acuerdos alcanzados y provocar dificultades económicas a las instituciones académicas públicas, unas críticas a las que se ha sumado la Asamblea Estudiantil de la UJA que hace tres semanas salió a la calle en señal de protesta.

1.825 millones de la Junta para las 10 universidades públicas

La cifra global del modelo de financiación para este ejercicio asciende a 1.825,7 millones de euros, de los que 1.788,2 millones estaban ya previstos en las cuentas andaluzas y 37,5 millones se incorporan ahora como refuerzo adicional.

Ese montante extraordinario incluye, por un lado, 21,5 millones para asumir en 2026 compromisos retributivos pendientes del personal universitario, entre ellos los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) correspondiente a 2024. A ello se suman otros 16 millones consolidables, anunciados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al inicio del curso 2025-2026 y que las universidades podrán destinar a las necesidades que consideren prioritarias, entre otros, programas de digitalización.

Una comisión paritaria para auditar los costes de personal

La principal novedad política del acuerdo no está solo en ese dinero adicional, sino en la creación de una comisión técnica paritaria entre la Junta y los rectores para estudiar, universidad por universidad, cómo se están calculando los costes de personal. Ese punto ha sido el verdadero núcleo del choque entre ambas partes: las universidades vienen sosteniendo que los recursos transferidos no cubren de manera suficiente las obligaciones salariales derivadas de la plantilla y de los compromisos retributivos adquiridos.

La Junta presenta esta comisión como una vía para revisar la metodología empleada por las instituciones académicas y avanzar hacia un marco financiero "equilibrado y sostenible". Las universidades, por su parte, interpretan ese mecanismo como una auditoría conjunta que debe servir para determinar con exactitud los costes reales de plantilla y cuantificar las diferencias no percibidas por el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda recogida en el modelo de financiación.

Ahí reside, precisamente, la naturaleza de la tregua sellada este viernes: hay acuerdo en el reparto extraordinario y en la apertura de una mesa técnica, pero no en que el conflicto esté definitivamente resuelto. En el comunicado difundido tras la reunión, las universidades públicas andaluzas acogieron "con satisfacción" este avance, al considerar que supone un paso en la aplicación efectiva del modelo vigente, pero advirtieron también de que siguen pendientes "cuestiones de especial relevancia", entre ellas el abono íntegro de las cantidades adeudadas correspondientes a 2025.

Hay acuerdo en el reparto extraordinario y en la apertura de una mesa técnica, pero no en que el conflicto esté definitivamente resuelto

Por eso, junto a la valoración positiva del acuerdo, los campus emplazaron a la Junta a continuar la negociación para garantizar el cumplimiento completo de los compromisos firmados. Además, reclamaron que la auditoría conjunta concluya en julio, de manera que sus resultados puedan tener efectos ya en este mismo ejercicio presupuestario.

Con este reparto aprobado, universidades y Junta ganan tiempo. La Junta logra exhibir el aval mayoritario de los rectores a su propuesta financiera. Las universidades, por su parte, consiguen arrancar fondos adicionales y, sobre todo, que se abra una revisión técnica del principal problema de fondo: el coste real del personal.

En todo caso, más allá de la financiación, el conflicto de las universidades con la Junta se arrastra y ha sido uno de los puntos más controvertidos de esta legislatura: la aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) enfrentó a rectores con el consejero, entre otros aspectos, por la creación en la ley como figura obligatoria del interventor que fiscalice las cuentas, al margen de las auditorias propias que tiene cada universidad. El objetivo de la Junta es evitar rescates como los que tuvo que ejecutar, de manera extraordinaria, en las cuentas de la Universidad de Málaga. También los rectores han sido muy críticos con la creación de nuevas universidades privadas en Andalucía, cuatro en los últimos años.