El Gobierno aprueba 1197 millones para invertir en vivienda en Andalucía pero obliga a Juanma Moreno a cambiar su nueva ley

Andalucía es la comunidad que se puede ver más beneficiada por el nuevo plan estatal de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Hasta 1.197 millones de euros para invertir entre 2026 y 2030 en nuevas promociones, rehabilitaciones o ayudas para la adquisición de un piso especialmente para los jóvenes. Sin embargo, la aplicación de este plan abre un marco de incertidumbre en la comunidad autónoma ante las decisiones adoptadas en los últimos meses por la Junta especialmente por la nueva ley que entró en vigor el pasado mes de enero. El Gobierno ha incluido dos cuestiones clave en su documento que chocan directamente con las políticas del Gobierno de Juanma Moreno. Por un lado, exige que haya un depósito oficial de las fianzas del alquiler, un sistema que existía en Andalucía y que se acaba de suprimir. Por otro lado, plantea que se debe incrementar la cofinanciación autonómica hasta el 40%, es decir, hasta los 479 millones de euros.

El nuevo plan estatal de vivienda establece que Andalucía podrá acceder para este periodo a 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial respecto al marco anterior. Esta cifra tiene como punto de partida el compromiso alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de triplicar la inversión estatal que pasará a 718 millones de euros para los próximos cinco años. Pero, a cambio, el departamento que dirige Isabel Rodríguez exige a las comunidades que participen en mayor medida en la financiación hasta alcanzar un 40% del total. Esto supone en el caso de Andalucía, una de las que tenía menos aportación anual al plan, pasar de 74 millones de euros en cuatro años a 479 para un programa plurianual de cinco años. Es decir, seis veces más.

La Junta de Andalucía hasta el momento ha cuestionado este reparto. Y así lo recogieron las alegaciones que registró al plan estatal y sus declaraciones públicas. El Gobierno andaluz no comparte un incremento tan elevado de su aportación que obligaría a revisar su planificación presupuestaria para los próximos años. De hecho, la memoria económica que acompaña la ley andaluza de vivienda no prevé un aumento de su aportación.

Revisión de la ley andaluza: tiene que volver el depósito de fianzas de alquiler

Pero además de la cofinanciación, el plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.

El Ministerio de Vivienda ha dado un paso más. Considera esta medida fundamental y por este motivo en el plan estatal 2026-2030 ha establecido la obligación de que todas las comunidades autónomas deben remitir periódicamente "información de los contratos de arrendamientos en el registro de fianzas de la comunidad". El objetivo es "tener una herramienta que facilite información en tiempo real del número de alquileres en vigor, su precio, la rotación de personas inquilinas y el incremento de la oferta de forma trazable y real". Así, se da un margen de un año para que las comunidades cumplan y en caso de que no lo hagan podrían perder los fondos del plan estatal de vivienda.

La protección de la vivienda pública

Existe otro punto de choque entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en cuanto a sus políticas de vivienda: la protección de las VPO. La Junta de Andalucía fue matizando en su ley, que entró en vigor en enero, su planteamiento sobre el blindaje de las viviendas protegidas y estableció finalmente que no se pudieran ejecutar desclasificaciones (que un piso construido como VPO se venda en el mercado de renta libre) cuando cuente con ayudas públicas salvo que se permita expresamente en los planes.

En este caso, el plan estatal de vivienda establece que todas las VPO que se construyan con estos fondos tendrán que estar blindadas de forma permanente. No se podrán desclasificar. Esto afectará así a todas las promociones que se construyan en Andalucía salvo aquellas de carácter privado en las que no entren fondos estatales. Es la ventana que abre la ley andaluza y que el plan estatal no puede cerrar. No obstante, la mayor parte de las VPO que se ejecutan en la comunidad autónoma están inmersas en el plan estatal.

Conflicto de competencias abierto

A este escenario hay que añadir que el Ministerio de Política Territorial y la Junta de Andalucía se encuentran en negociaciones sobre 16 artículos y una disposición adicional de la ley de vivienda que afectan a cuestiones como los marcos de colaboración público privada. El Gobierno de España ha detectado conflictos de competencias o aspectos técnicos que contravienen el marco legal vigente y ha iniciado el proceso reglamentario previo a elevar el conflicto al Tribunal Constitucional.

Desde el Gobierno y desde la Junta de Andalucía subrayan que se trata de aspectos "técnicos" que no afectan al fondo de los artículos de la normativa. Pero si finalmente el tema llega al Tribunal Constitucional la consecuencia inmediata sería la suspensión cautelar de los 16 artículos y la disposición hasta que haya una sentencia del Tribunal Constitucional.