Los propietarios de Matalascañas denuncian que la zona azul es "ilegal" y exigen a Almonte su paralización

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas ha cargado duramente contra la implantación de la zona azul anunciada por el Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas (Huelva), prevista desde el 15 de mayo al 30 de septiembre. Tachan la medida de "arbitraria, recaudatoria y claramente lesiva para los intereses de propietarios, residentes y visitantes". El colectivo rechaza de plano el sistema de estacionamiento regulado y sostiene que el proyecto se está impulsando “sin diálogo, sin transparencia y al margen de los procedimientos legalmente establecidos”.

La declaración llega después de que trascendieran los detalles de la futura ORA en Matalascañas, presentada por el Consistorio como una herramienta para ordenar la movilidad, reducir el tráfico derivado de la búsqueda de aparcamiento y contribuir a mejoras urbanas como el asfaltado. Frente a esa versión, la asociación considera que no se trata solo de una decisión impopular, sino de una actuación que, según mantiene, carece del respaldo jurídico imprescindible para entrar en vigor en las fechas anunciadas.

Una medida "ilegal" y "sin cobertura normativa"

En su comunicado, la asociación subraya que “lo más grave no es su carácter impopular o discriminatorio, sino su manifiesta ilegalidad”. A su juicio, el Ayuntamiento de Almonte pretende poner en funcionamiento este servicio sin que exista “a día de hoy, una ordenanza municipal reguladora aprobada definitivamente, ni la preceptiva ordenanza fiscal que habilite la imposición de tasas a los usuarios”.

Ese es el eje central de su denuncia. Según expone, la ausencia de esa cobertura normativa convierte “cualquier intento de implantación en un acto nulo de pleno derecho”. La organización recuerda además que “ninguna Administración Pública puede exigir el pago de tasas sin la previa aprobación, publicación y entrada en vigor de la correspondiente ordenanza fiscal” y añade que la regulación del estacionamiento limitado exige también “una ordenanza específica que determine condiciones, derechos, obligaciones y régimen sancionador”.

La asociación insiste en que la tramitación de normas de este tipo no puede resolverse de forma improvisada ni acelerada, ya que el procedimiento legal contempla “fases obligatorias de información pública, alegaciones y aprobación definitiva, que no pueden ser eludidas”. Bajo esa premisa, entiende que la actuación anunciada por el Consistorio vulneraría “principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, como el principio de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

"Es un cambio radical en el uso del espacio público de Matalascañas"

Más allá de la controversia jurídica, el colectivo rechaza también el modelo que se quiere implantar en el núcleo costero. En su escrito sostiene que la zona azul supondría “un cambio radical en el uso del espacio público de Matalascañas, tradicionalmente abierto y accesible”, y reprocha que se pretenda imponer “sin la más mínima participación ciudadana ni consenso social”.

La asociación presenta así la medida como una decisión que afectaría de lleno al día a día de propietarios, residentes y visitantes, al alterar el sistema de estacionamiento en todo el núcleo urbano durante la temporada alta. En esa línea, denuncia que el proyecto nace sin un proceso previo de explicación pública suficiente ni un marco de negociación con los colectivos afectados, algo que considera especialmente grave en un enclave que en verano multiplica su población y su presión circulatoria.

El comunicado vincula además esta iniciativa con otros intentos previos del Ayuntamiento de Almonte. De hecho, recuerda que “no es la primera vez que el Ayuntamiento de Almonte intenta implantar medidas de este tipo sin el debido respaldo ni consenso social” y alude a “antecedentes recientes de iniciativas similares que generaron un fuerte rechazo vecinal y que finalmente no prosperaron precisamente por sus deficiencias jurídicas y falta de justificación técnica”.

Avisa de posibles responsabilidades de los que "participen en su ejecución"

Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento es el relativo a las posibles consecuencias legales de activar la ORA sin el amparo normativo exigible. La asociación “advierte de forma expresa” de que la puesta en marcha de la zona azul “en estas condiciones podría derivar en responsabilidades personales para todos aquellos que participen en su ejecución”.

Ese aviso no se dirige solo a los responsables políticos. El texto menciona expresamente a “cargos políticos que la ordenen, funcionarios que la tramiten o ejecuten, así como la empresa concesionaria y sus trabajadores si colaboran en la imposición de cobros o sanciones sin amparo legal”. En otras palabras, la asociación eleva el tono y deja claro que estudia la posible cadena de responsabilidades si el sistema se activa sin haber completado, a su juicio, los trámites y garantías exigidos por la ley.

En este apartado, el colectivo enumera incluso qué tipo de consecuencias podrían producirse. Habla de “responsabilidad administrativa por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, de “responsabilidad patrimonial por los daños causados a los ciudadanos” y de “eventuales responsabilidades penales, en supuestos como la prevaricación administrativa o la exacción ilegal”.

Recomendación a los usuarios ante posibles multas

La asociación también se dirige de forma expresa a los ciudadanos y potenciales usuarios del sistema, en previsión de que la zona azul llegue a ponerse en marcha. Aunque sostiene que “cualquier sanción derivada de este sistema sería ilegal de origen”, evita llamar a una desobediencia directa y, por el contrario, recomienda actuar con cautela y ajustándose a los cauces legales.

Así, en caso de recibir una multa o una sanción vinculada al nuevo sistema de aparcamiento, el colectivo aconseja “seguir los procedimientos legalmente establecidos: presentar alegaciones, recurrir en vía administrativa y, en su caso, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa”. Con ello, trata de trasladar a los afectados que la respuesta debe articularse por la vía jurídica y no mediante actuaciones que puedan perjudicar su posición en un futuro recurso.

La asociación solicitará "medidas cautelares urgentes"

Paralelamente, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas asegura que ya ha activado su propia respuesta legal. En concreto, afirma que está trabajando con sus servicios jurídicos en “la adopción de todas las acciones legales necesarias para frenar esta situación”, entre ellas “la impugnación de cualquier acto administrativo que se dicte al respecto, así como la solicitud de medidas cautelares urgentes”.

Esa estrategia anticipa un conflicto que puede acabar en los tribunales si el Ayuntamiento sigue adelante con el calendario previsto. La entidad deja claro que no contempla una posición pasiva y que está dispuesta a llevar la batalla hasta el final. “Llegaremos hasta las últimas instancias judiciales para defender nuestros derechos, exigir responsabilidades y restablecer la legalidad”, afirma el comunicado.

Exigencia de "paralización inmediata"

Como cierre, la asociación reclama al Ayuntamiento de Almonte que detenga el proceso de forma inmediata. En concreto, exige “la paralización inmediata de esta iniciativa” y la apertura de “un proceso transparente, legal y participativo” en el caso de que el Consistorio quiera abordar de verdad la regulación del estacionamiento en Matalascañas.

Con esta declaración, el colectivo de propietarios fija una posición frontal contra la implantación de la ORA y eleva la presión sobre el gobierno municipal, justo después de que el Ayuntamiento defendiera la medida como una fórmula para ordenar el tráfico en verano en un núcleo que puede alcanzar los 40.000 vehículos diarios en temporada alta. Frente a ese planteamiento, la asociación no solo cuestiona la conveniencia del sistema, sino que sitúa el foco en su presunta falta de cobertura legal y en las consecuencias que, a su juicio, podría acarrear su puesta en marcha.