Sindicatos y entidades sociales reclaman un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía tras el 17M

Garantizar que el coste de la vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares. Este es el objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que los sindicatos CCOO-A y UGT-A, Facua Andalucía, la Red Vecinal Andaluza, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado este lunes en el Parlamento de Andalucía. Entre sus motivaciones, está el contexto de "emergencia habitacional" con el encarecimiento sostenido de los precios de compra y alquiler, la expansión de las viviendas de uso turístico y la insuficiencia del parque público de vivienda. Ahora, inician el proceso de recogida de firmas previo a que pueda debatirse en la Cámara autonómica la próxima legislatura tal y como ha ocurrido con la ILP de la Sanidad impulsada por Mareas Blancas.

La principal medida que recoge el texto es la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional con el fin de dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo. Los sindicatos y plataformas firmantes buscan así garantizar una memoria económica sólida para asegurar el cumplimiento efectivo por parte de la Junta de Andalucía. Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares. Además, considera el derecho a la vivienda como un servicio de interés general situándolo en el centro de la acción pública.

La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de "equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda", apostando por "dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida". Desde UGT solicitan una "intervención integral" de las administraciones públicas para construir más vivienda accesible, al igual que ha sostenido la secretaria general de CCOO de Andalucía. Por su parte, Nuria López señala como objetivo primordial de la ILP "romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre", al tiempo que ha exigido "mirar a la cara a los andaluces y las andaluzas" para solucionar el problema.

Más viviendas públicas y regular el uso turístico

Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recoge también el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativa. Del mismo modo, explicita la declaración de zonas tensionadas en los lugares necesarios con el fin de intervenir sobre el mercado de la vivienda y contener los precios. Asimismo, el documento contempla el impulso del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A, Facua Andalucía, la Red Vecinal Andaluza, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han denunciado los efectos de la masificación turística y la turistificación. Por ello, el texto presentado en el Parlamento andaluz incluye la regulación del uso turístico de la vivienda para evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

En esta materia, reclaman además la implantación de una tasa turística a nivel autonómico para contribuir a sufragar el derecho a la vivienda de las familias andaluzas. Del mismo modo, han instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades de Andalucía. Desde CCOO han señalado que "es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda digna".

Se trata de un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida "frente a la especulación inmobiliaria". Las organizaciones pretenden dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

La Ley de Vivienda de Andalucía, en vigor desde enero

Los sindicatos presentan esta ILP con la Ley de Vivienda de Andalucía como telón de fondo. Esta medida legislativa impulsada por el popular Juanma Moreno está en vigor desde el pasado mes de enero, pero cuenta con el rechazo de toda la oposición que denunciaron que estas medidas no solucionan el drama de la vivienda y que "profundizan en las peores políticas". Entre los objetivos del Gobierno andaluz con esta ley, está favorecer la construcción de más viviendas y generar instrumentos de limitado alcance (por las escasas competencias autonómicas) para "luchar contra la ocupación ilegal y la inquiocupación". La norma apuesta por la "colaboración público-privada" con el "impulso de medidas de fomento de iniciativas privadas que tengan por objeto la construcción de vivienda asequible.

En cambio, existen desencuentros entre el Gobierno de España y la Junta por la duración de la protección de las VPO o el mantenimiento del sistema público de depósito de fianzas. En este escenario, hasta 17 puntos en total, 16 puntos y una disposición adicional, podrían acabar en el Tribunal Constitucional y ser suspendidos de forma cautelar si ambos organismos no llegan a un acuerdo. Las diferencias afectan a aspectos "técnicos" sobre la regulación de las fórmulas de colaboración público privada o las posibilidades de desarrollo de usos residenciales en suelos que tengan otra calificación urbanística distinta previamente.