Andalucía dispondrá de 478 millones para construir más VPO: no se podrán vender en el mercado libre ni superar los 900 euros mensuales de alquiler

El plan estatal es una pieza clave para las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía. Todo el modelo autonómico está basado en el marco de financiación que establezca a través del Estado y en el desarrollo de los fondos europeos. De ahí que la Consejería de Fomento llevara meses esperando la aprobación del documento que debía haberse publicado el 1 de enero pero que ha ratificado finalmente este martes el Consejo de Ministros. Andalucía es la comunidad más beneficiada por este plan con 1197 millones de euros siempre que acepte la condición de asumir el 40% de la financiación, es decir, que aporte 479 millones de euros, seis veces más de la cuantía asignada en estos momentos.

No es la única condición que pone el Ministerio para la ejecución de este dinero. El Gobierno de España reclama que se modifique la ley andaluza, que acaba de entrar en vigor, para recuperar el depósito de las fianzas de alquiler y advierte de que si la Junta no acata esta medida podría quedarse fuera de los fondos y exige que todas las VPO que se construyan con estos fondos estatales tendrán una protección permanente: no se pondrán vender en ningún momento en el mercado libre. Pero a esto se añade otra limitación: para acceder a la línea máxima de subvenciones por vivienda la autonomía debe tener declaradas zonas tensionadas como prevé la ley estatal, una medida que el Gobierno de Juanma Moreno rechaza por completo.

Los 1.197 millones de euros asignados a Andalucía, al igual que en el resto de comunidades autónomas, están divididos en tres líneas distintas para la ejecución de programas concretos. De esta forma, dado que las competencias son autonómicas, es cada gobierno regional quien debe decidir qué planes ejecuta y cómo los pone en marcha.

Primera línea de financiación: construcción de nuevas viviendas

En primer lugar, el 40% del dinero, unos 478 millones de euros, están reservados para la construcción de viviendas públicas o en colaboración con la iniciativa privada. La ayuda básica asciende a 85.000 por VPO que se deberá destinar al alquiler por un importe máximo de 900 euros mensuales. Se podrán también destinar a la venta pero sólo en municipios de menos de 10.000 habitantes.

A este importe básico se añade a petición de comunidades autónomas como Andalucía, una línea de 8.000 euros por piso para las obras de urbanización de suelos y de otros 8.500 euros cuando se empleen técnicas de industrialización.

Existe una posibilidad de que la ayuda se eleve por encima de los 102.000 euros. En este caso, tendría que ser por una VPO que se construya en una zona de mercado residencial tensionado, donde los precios del alquiler estén muy por encima de los niveles de renta. Esta es una posibilidad que establece la ley estatal de vivienda pero que el Gobierno de Juanma Moreno ha desistido de aplicar e incluso ha llevado al Tribunal Constitucional.

También habrá dinero para comprar viviendas a particulares a través del ejercicio de tanteo y retracto (opción preferente de compra para VPO que se hayan desclasificado) o para llegar a acuerdos con propietarios de inmuebles vacíos que podrán ceder sus viviendas para que sean alquiladas por la administración autonómica.

Segunda línea de financiación: iniciativas para la rehabilitación

La segunda parte del plan estatal, un 30% de los fondos, se destina a programas de rehabilitación. Concretamente, en torno a 360 millones de euros en una de las líneas más reclamadas por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dispondrá a través de este dinero de fondos para ayudas estructurales (8.000 euros por vivienda), accesibilidad (13.000 euros por vivienda) o rehabilitación energética (20.500 euros). Un segundo bloque permitirá a la Junta de Andalucía fijar ayudas de hasta 30.000 euros para intervenciones en un casco histórico. Algunas de estas líneas son complementarias de forma que pueden sumar hasta 50.000 euros.

El Ministerio articula una posibilidad también de que la Junta pueda poner en marcha una línea de incentivos con hasta 30.000 euros de financiación para rehabilitaciones de inmuebles desocupados. El importe de la ayuda puede llegar a 30.000 euros siempre y cuando se articule un plazo mínimo de cinco años a un precio asequible. En caso de que la vivienda se encuentre en el medio rural, la ayuda podrá ascender hasta 35.000 euros.

Tercera línea de financiación: ayudas para jóvenes

El 30% restante de los fondos del plan estatal de vivienda de los que dispondrá Andalucía está reservado a programas de ayudas al alquiler especialmente para jóvenes. Concretamente, Andalucía podrá poner en marcha iniciativas por un importe que sumará los 360 millones de euros.

El Ministerio abre concretamente dos vías para ello: una ayuda de hasta 300 euros al mes destinado al pago del alquiler como el programa del Bono Joven que se ha puesto en marcha durante los últimos años y un programa específico para adquisición de pisos en el mundo rural por un importe de hasta 20.000 euros.

La Junta podrá activar también mecanismos destinados a las víctimas de violencia de género con un máximo de 1.000 euros y otra de 250 euros para personas en situación de vulnerabilidad.