La Junta de Andalucía plantea cambios de sedes y aumentos de funcionarios en sus delegaciones territoriales

Hubo colapso en Patrimonio. Hubo colapso en Sostenibilidad. Los retrasos en la gestión de los distintos procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía en Sevilla son constantes. Esta situación responde a que la ratio de ciudadanos a los que tienen que atender los funcionarios en la provincia es prácticamente el triple a la de otras como Huelva o dobla la media de la comunidad autónoma.

El pasado 8 de abril, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó su Triplán para la transformación digital, la innovación y la mejora de la organización territorial. Todo para mejorar la eficacia y la eficiencia de la función pública en la comunidad autónoma. En este proyecto está incluido el Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial en la Administración de la Junta de Andalucía 2030 (MTpro).

Desde la puesta en marcha de la Unidad Aceleradora de Proyectos en 2019, que busca impulsar y coordinar proyectos de inversión en la comunidad autónoma, el órgano ha puesto sobre la mesa las "carencias y dificultades de la administración territorial para agilizar la tramitación correspondiente en las distintas delegaciones". Ahora, la Junta lo ha analizado en profundidad para poder hacer una planificación del personal a futuro.

Una distribución territorial "desigual"

En el análisis realizado por la Junta se revela que, según la propia administración, se producen duplicidades entre el trabajo que realizan los servicios centrales, donde trabajan el 20,2% de los empleados públicos, y en las delegaciones, que concentran al 31,1%. Además, sostiene que hay una falta de coordinación entre ambos niveles de la administración, una situación con la que la Consejería quiere terminar.

La Junta de Andalucía experimenta un proceso de transformación de la administración pública con el objetivo de que dé el salto al siglo XXI. Para poder alcanzar esta meta, la inclusión de mecanismos informáticos y la reordenación del personal resulta básica para poder mejorar la experiencia de los ciudadanos y que "sus necesidades y expectativas sean atendidas de manera efectiva, ágil y accesible".

Los datos extraídos del plan sostienen que hay "una distribución territorial desigual de recursos humanos en proporción a la población atendida". En concreto, mientras que en provincias como Huelva, en las delegaciones de la Junta hay un funcionario para cada 403 habitantes, en otras como Sevilla esta cifra se dispara y, según los datos de la propia Consejería, a cada funcionario le corresponden 1.122 ciudadanos.

El problema de las jubilaciones

La media de personas atendidas por los trabajadores de la administración en las delegaciones en todo el territorio es de 676, por lo que la propia Junta asume que "no existe un reparto proporcional". La Consejería de Presidencia lamenta que estas desviaciones, que se perciben de forma más específica en las provincias con mayor población, "podría influir en la eficacia de la administración en diferentes regiones".

Para luchar contra esto, la Junta trabajará en la flexibilización de los puestos de trabajo, el análisis y adecuación de las cargas laborales, la retención y captación de talento. Estos mecanismos tratarán de luchar contra los principales retos que enfrentan, que se centran en los altos niveles de rotación, la difícil cobertura de puestos o el impacto que tendrán las jubilaciones en los próximos años.

Para conseguir sus objetivos, la reforma no se reducirá "únicamente a cambios organizativos", sino que será integral. Aunque no se pone objetivos cuantitativos, sí que sostienen que se analizarán las cargas y los momentos en los que hay cuellos de botella, implantarán objetivos a los trabajadores, se diseñará un plan de cobertura del trabajo o la puesta en marcha de medidas para evitar la fuga de talento en las delegaciones.