Un mes de mayo caliente en las escuelas infantiles andaluzas: hasta tres huelgas podrían dejar sin guarderías a miles de familias

Las escuelas infantiles y la Junta de Andalucía afrontarán en mayo una semana tensa. Los días 4, 7 y 11 de mayo, las plantillas de los centros adheridos al programa de ayudas a las familias de la Junta están llamadas a secundar distintos paros para reclamar mejoras en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). Las convocatorias llegan en plena campaña electoral del 17M y amenazan con afectar a miles de familias, ya que muchos centros podrían no abrir si sus trabajadoras secundan las movilizaciones.

El conflicto tiene dos frentes. Por un lado, tal como adelantó El Correo de Andalucía, el sindicato FSIE ha convocado huelga los días 4 y 11 de mayo para exigir al Gobierno andaluz una subida inmediata del precio-plaza, congelado desde 2020 y fijado en 240,53 euros. El sindicato y las patronales sostienen que esa cantidad ya no cubre los costes reales de los centros, después del encarecimiento de los salarios, la electricidad, la alimentación y el resto de gastos de funcionamiento.

Por otro lado, CGT ha convocado una huelga estatal el 7 de mayo, con el apoyo de CCOO, a la que se suma la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. Este colectivo, que cuenta con más de 1.700 miembros y forma parte de una asociación a nivel nacional, defiende que la protesta debe ir más allá de la financiación y situar en el centro la calidad educativa del ciclo 0-3 de escuelas públicas, de titularidad municipal y concertadas. Entre sus reivindicaciones figuran la bajada de ratios, la implantación de la pareja educativa en las aulas y más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La tensión se ha intensificado después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara en marzo la ampliación de la gratuidad para los niños de 1 a 2 años a partir del curso 2026-2027. La medida fue recibida con apoyo por el sector, pero también con preocupación: patronales, sindicatos y trabajadoras advierten de que extender la gratuidad sin actualizar el precio-plaza supone que la gratuidad "sea a costa de las escuelas".

La Consejería de Educación se ha comprometido a analizar el coste real de la plaza una vez finalice el proceso de escolarización, previsto para el 30 de abril. Sin embargo, el sector considera insuficiente aplazar cualquier mejora a 2027 y reclama una respuesta inmediata. FSIE denuncia que no ha habido “ningún avance real” y alerta de que la falta de financiación puede poner en riesgo tanto la continuidad de centros como la estabilidad laboral de sus plantillas.

Más allá del precio-plaza

La Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles subraya que la crisis del sector no se limita a la financiación. Según el colectivo, las escuelas infantiles de gestión privada adheridas al programa de ayudas concentran el 59,12% del alumnado matriculado en el primer ciclo de Infantil en Andalucía y sostienen buena parte del sistema 0-3 con “ratios elevadas, salarios bajos y falta de recursos”. Por ello, piden al Ministerio de Educación un cambio en el decreto a nivel estatal, no solo una mejora en Andalucía sino "una solución que ayude a todas las comunidades".

La plataforma denuncia que en los centros adheridos al programa de ayudas de la Junta, las ratios alcanzan los ocho bebés en aulas de 0-1 años, 13 menores en las de 1-2 y 20 en las de 2-3. Además, en centros incompletos se permiten aulas mixtas con hasta 15 niños y niñas de entre cuatro meses y dos años con una sola educadora. A juicio del colectivo, estas condiciones dificultan una atención individualizada en una etapa clave para el desarrollo emocional, cognitivo y social de la infancia.

Las trabajadoras también alertan de la precariedad laboral. La plataforma asegura que muchas profesionales cobran el Salario Mínimo Interprofesional o apenas unos euros más, y que en numerosos casos no están contratadas a jornada completa. A ello se suma que, según los testimonios recabados por el colectivo, las educadoras asumen tareas de limpieza, cocina, administración o mantenimiento, además de la atención directa al alumnado.

Con estas tres convocatorias, el malestar de las escuelas infantiles entra de lleno en la agenda política andaluza. La Junta afronta ahora una doble presión: garantizar la viabilidad económica de los centros adheridos al programa de ayudas y responder a las demandas laborales y educativas de un sector que reclama dejar de ser tratado como una etapa de mera conciliación para ser reconocido como el primer tramo del sistema educativo.