El juez procesa a siete ex altos cargos de la Junta por ayudas de 54,2 millones a Boliden en una pieza separada de los ERE

Siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía han sido procesados por un juzgado de Sevilla por la posible concesión irregular de una ayuda de más de 54 millones de euros a la empresa Boliden Apirsa SL y a sus extrabajadores. El magistrado de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia hispalense ha dictado un auto, notificado este miércoles a las partes, en el que acuerda continuar como Procedimiento Abreviado un proceso en el que se investiga si se cometieron delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

Las partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, tendrán ahora 20 días para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la cusa. Excepcionalmente también podrán pedri la práctica de más diligencias indispensables para poder formular la acusación.

Las siete personas procesadas son Juan Márquez, Daniel Rivera, Justo Mañas, Manuel Recio, Jesús María Rodríguez, Luis Nieto y Antonio Valverde. Además, el auto también acuerda el sobreseimiento de esta causa contra los exconsejeros de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Martín Soler.

"No se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles [a los exconsejeros] participación relevante penalmente en los hechos por los que se procede en la presente causa", refleja el auto. El auto refleja que de las actuaciones no se pueden recabar "indicios suficientes" de que "haya tenido deliberada y directa participación" en la "la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar las 'indemnizaciones' derivadas de la frustración de los planes de recolocación de los extrabajadores de Boliden Apirsa" durante su etapa como consejero.

La declaración de Daniel Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, así como la de otra testigo, señala a los viceconsejeros, pero no a Fernández y Soler. "Relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros (...), pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros".

Ayudas por más de 54 millones de euros

El auto que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra estos siete exaltos cargos señalana que la concesión de la ayuda a Boliden Apirsa se realizó de "manera injusta y arbitraria". Se analiza el pago de una "ayuda sociolaboral de 52.511.754,30 euros" en favor de los exrtabajadores de la empresa. Además, también está bajo el foco otra resolución con una ayuda de 1.768.231,86 euros, suscrita para la contratación de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas en aquélla.

Los extrabajadores, "una vez extinguida su relación laboral, se habrían acogido a sucesivos planes de recolocación -más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido 'recolocados' con supuestas 'ayudas sociolaborales excepcionales' en el curso de los años 2008 a 2011".