Irene, la joven jerezana expulsada del Congreso tras el rechazo a la prórroga del alquiler: "Fue un grito de desesperación, hay gente perdiendo su casa"

"¡Haced algo ya! ¡Sois culpables!". Irene estalló en el Congreso en la tarde de este pasado martes después de que la mayoría parlamentaria se negara a aprobar la prórroga de los alquileres. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ordenó su expulsión de la sala, pero su grito era "la desesperación" de muchos que temen que en los próximos meses tengan que abandonar su casa por no poder pagar el alquiler.

Esta jerezana, que acudía por primera vez de público al pleno, vive de alquiler en Madrid y su edificio lo quiere comprar un fondo de inversión, pese a que su contrato termina dentro de dos años, le llegaron a ofrecer 10.000 euros por irse. Afectada por esta situación, recurrió al Sindicato de Inquilinas, donde conoció las historias de personas cuyas condiciones de alquiler eran complejas y a muchos de los cuales les iban a subir el alquiler en los próximos meses.

"Sabíamos que no se iba a aprobar", reconoce esta joven que asegura que no esperaba la "poca humanidad" que, en su opinión, demostraron los dirigentes políticos a la hora de defender sus posiciones respecto al decreto en la tribuna. "Es gente que está perdiendo su casa y tenían esa chulería... Me estaba calentando por minutos", admite para subrayar que "no se le puede hablar así a una persona".

Capacidad de congelar los alquileres

Los grupos han mostrado sus distintos argumentos en contra de una medida a la que se han podido acoger ya miles de inquilinos de todo el país. Entre ellos destacó el alegato del diputado de Vox Carlos Hernández Quero. El responsable de defender el rechazo de su formación aseguró incluso que su hermana o algunos sus amigos eran algunos de los alquilados que podrían beneficiarse de la medida.

La conocida como gran renovación podría afectar a más de 360.000 andaluces, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales. Son personas que firmaron sus alquileres después de la pandemia, cuando los precios de la vivienda poco tenían que ver con los actuales. Estos acuerdos han expirado ya, seis años después, y los nuevos precios son inasumibles para muchos ciudadanos a los que el sueldo no les ha subido al mismo ritmo.

Estos contratos serían, según aclaran desde Consumo, "todos los firmados en 2021 y 2022, que al tener una duración mínima de cinco años, deberían caducar entre 2026 y el 2027". El pasado mes de marzo, el Gobierno que preside Pedro Sánchez aprobó un decreto para poder congelar estos precios del alquiler, sin embargo, el no de la mayoría de las formaciones del Congreso han tumbado su aprobación definitiva.

"No hay una única solución"

Esta situación prevé que muchos propietarios suban de forma exponencial los alquileres de sus viviendas y estas se vuelvan inasumibles para sus actuales habitantes. Irene, que forma parte del Sindicato de Inquilinas explica que "toda la gente que haya pedido la prórroga, automáticamente ya tiene los dos años", pero apunta que si este decreto hubiera salido adelante, "a más gente hubiera dado tiempo a pedirlo".

"Hay que hacer algo, porque ellos no hacen nada", sentencia esta jerezana que vive en Madrid desde hace cuatro años. El suyo "era un grito de desesperación" después de estar "todo el día escuchando" como amigos y conocidos "están mal y tienen ansiedad" por problemas con la vivienda. "No hay una única solución, hay una cadena de soluciones, esto que era lo mínimo que podían hacer", lamenta.