Aviso en Matalascañas: advierten de "irregularidades" en la zona azul prevista por el Ayuntamiento de Almonte

La Asociación de Propietarios de Matalascañas solicita paralizar la puesta en marcha de la Zona ORA prevista por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) el 15 de mayo de 2026 y advierte de posibles consecuencias jurídicas y económicas si se inicia sin ordenanza aprobada.

El colectivo ha expresado su “más firme oposición” a la implantación del estacionamiento regulado en la zona costera. Según expone, el Ayuntamiento de Almonte adjudicó en septiembre de 2025, mediante un contrato de 30 años a una empresa, un servicio público que —afirma— exige previamente una ordenanza municipal aprobada en pleno.

La asociación sostiene que esa ordenanza “no existe” y recuerda que el alcalde reconoció en un pleno de agosto de 2025 que debía aprobarse antes que el contrato.

Ordenanza y consulta pública

El colectivo señala que la consulta pública previa recibió alegaciones “en tiempo y forma”, pero asegura que siguen sin respuesta.

Añade que el borrador de la ordenanza municipal no se ha sometido a información pública ni se ha aprobado en pleno.

Pese a ello, indica que el servicio pretende arrancar en los próximos días, lo que, a su juicio, vulnera el principio de participación ciudadana y los principios de buena regulación y seguridad jurídica.

Cobros y sanciones ORA

La asociación subraya que, sin ordenanza, “no hay base legal para cobrar” las tarifas de la Zona ORA.

Argumenta que estas tienen la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y que la Constitución Española, en su artículo 31.3, exige respaldo por ordenanza aprobada en pleno. En este contexto, advierte de que las sanciones por impago serían “impugnables” y “nulas de pleno derecho”.

También apunta a un posible escenario de reclamaciones por responsabilidad patrimonial si se producen cobros sin cobertura normativa, así como a un eventual conflicto con la empresa concesionaria.

La asociación añade que la situación podría ser examinada desde la perspectiva del artículo 404 del Código Penal, aunque precisa que no formula acusación alguna en este momento.

Petición de pleno urgente

El colectivo solicita la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para debatir y acordar la paralización del servicio hasta que se cumplan los requisitos legales.

Asimismo, señala que prepara recursos contencioso-administrativos, solicitudes de medidas cautelares y denuncias ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz, aunque sostiene que “aún hay tiempo” de evitar ese escenario si el Ayuntamiento actúa con prudencia antes del 15 de mayo.