De la sequía a las inundaciones, del Pacto de Doñana al Algarrobico: el cambio climático, una batalla clave para Andalucía que se libra en segundo plano este 17M

La prolongada sequía de principios de la década ha marcado la política de los últimos cuatro años de la Junta de Andalucía en lo relativo al medio ambiente, una cartera que cambió de manos a mitad de mandato, pasando de Ramón Fernández-Pacheco a Catalina García, si bien el primero de ellos siguen manteniendo competencias en la materia. Entre los principales retos a los que se enfrentaba la comunidad -y sigue haciéndolo- está la gestión del agua, pero también las medidas contra el cambio climático, Doñana o El Algarrobico, símbolo de la especulación urbanística en la costa.

En esta legislatura ha habido movimientos en estos aspectos, si bien queda camino por recorrer. Doñana ha sido escenario de una de las pocas imágenes conciliadoras entre los gobiernos central y autonómico, con Juanma Moreno y Teresa Ribera como protagonistas. Pero la pelea por el impulso de la presa de Alcolea, muy demandada por parte de los agricultores onubenses, o el enfrentamiento a costa del derribo del Algarrobico han sido polémicas que han mantenido la confrontación abierta entre los dos gobiernos.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía ha ganado presencia internacional en la lucha contra el cambio climático con el objetivo de captar inversiones que ayuden a reducir su impacto a corto y medio plazo. En 2024, el mandatario andaluz participó en la Cumbre del Clima, donde contó la experiencia andaluza en la gestión eficiente del agua, mientras que ha asumido un papel de liderazgo en el Comité Europeo de las Regiones, que presidirá a partir de 2027.

De la emergencia por sequía a las inundaciones en Grazalema

Aunque la Junta declaró el fin de la situación de emergencia por la sequía el pasado mes de marzo en gran parte de la región -después de inundaciones que provocaron desalojos en distintos puntos de Andalucía, como el pueblo gaditano de Grazalema-, este problema estructural consecuencia del cambio climático es uno de los grandes caballos de batalla para la administración autonómica.

El impacto económico de la sequía prolongada fue cuantioso: casi 4.000 millones de euros, un 2% del PIB. Y los daños ambientales estuvieron a punto de ser mucho peores. Durante años estuvo en riesgo el principal patrimonio natural andaluz y uno de los más importantes de España, el espacio protegido de Doñana. Sus acuíferos llegaron a niveles mínimos.

El desarrollo económico de Andalucía depende en gran medida de garantizar este recurso. Para sectores como la agricultura, la industria o las energías renovables -como el hidrógeno verde- requieren de gran cantidad de agua para salvaguardar su futuro.

Políticas a corto, medio y largo plazo

Y desde el punto de vista de los ecologistas, el mayor problema en este sentido -como en otros como el control de la crecida del mar en las playas andaluzas o la proliferación de plagas como el alga asiática o el mosquito del Virus del Nilo- es no llevar a cabo políticas a largo plazo.

"Gestionar las emergencias es más fácil, lo complicado es plantear, dentro de una administración, tomar medidas para dentro de 15 años para responder a problemas que sabemos que van a dar la cara. Pero ahí nadie se atreve porque no sabe dónde estará en un periodo tan largo de tiempo", asegura Juanjo Carmona, portavoz de la organización ecologista WWF en Andalucía.

 "Ahora mismo, en los temas de agua lo importante sería llevar a cabo políticas que dieran seguridad a las actividades, en este caso económicas, que ya están en el territorio y no ampliarlas y a los espacios naturales, teniendo en cuenta los nuevos marcos que hay, son los que manejan en las administraciones y también por los científicos", añade Carmona.

Medio ambiente y salud

Para el catedrático de Ecología, profesor emérito e investigador honorario de la Universidad de Sevilla Enrique Figueroa, "queda mucho por hacer y se podía haber hecho mucho más en medio ambiente en Andalucía en los últimos días". Este experto se lamenta el poco protagonismo que tiene este tema, "con lo importante que es para la ciudadanía", en el discurso de los candidatos durante la campaña electoral, y pone énfasis en la importancia de abordar el tema del calor en las ciudades.

"Entiendo que se hable de sanidad por el tema de los cribados, es normal que sea así, pero no se plantea el problema del calor que afecta no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y a sectores fundamentales para la economía andaluza como la agricultura y la ganadería y que tiene una incidencia directa en la salud de la gente", apunta. En este sentido, pone el acento en la "brecha ecológico-social en las ciudades grandes de Andalucía, que es dramática, sobre todo en Sevilla".

En lo que se refiere a grandes infraestructuras hidráulicas, el catedrático defiende la necesidad de activar el proyecto de la presa de Alcolea. "Fui de los pocos ecólogos que respaldó en su día el embalse de Melonares y también estoy a favor del de Alcolea porque estuve en un grupo de personas que demostramos que el agua de la presa se podía depurar para uso agrícola por lo menos y eso salvaría Doñana". En este sentido, indica que habría que hacer estudios suficientes y medidas técnicas suficientes para que el agua se limpie antes de llegar a la presa o se limpie en la presa para sacarla fuera. "Nunca se ha hecho porque el gobierno central nunca ha querido", recalca.

La transformación del paisaje forestal, "un polvorín"

José Morillo, catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, destaca que "Andalucía atraviesa una transformación estructural en sus políticas ambientales, impulsada por la urgencia de adaptarse al cambio climático y combatir una sequía persistente. En este escenario, la región ha dejado de gestionar el agua como un recurso inagotable para tratarla como un activo estratégico".

En este contexto, pone de ejemplo el Plan de Aguas Regeneradas para el Riego Agrícola (Parra), que redefine el concepto de 'agua residual' convirtiéndola en un recurso de alta calidad mediante la conexión directa entre depuradoras y comunidades de regantes. "Esta apuesta se complementa con una inversión ambiciosa en infraestructuras de desalación y la digitalización del ciclo integral del agua, garantizando una gestión más eficiente, transparente y resiliente ante el estrés hídrico", subraya.

En cuanto a los retos más inmediatos que tiene la comunidad autónoma, pone de relieve que Andalucía se enfrenta a un escenario crítico donde la desertificación ya amenaza a una parte sustancial de su territorio. "La recurrencia de sequías prolongadas transforma el paisaje forestal en un polvorín, elevando el riesgo de incendios que pueden superar la capacidad de extinción. Ante esto, la gestión forestal preventiva —basada en el pastoreo controlado y la creación de cortafuegos naturales— se vuelve imperativa para proteger el capital natural", explica.

Morillo asegura que la solución no es solo técnica, sino política. "Uno de los mayores retos reside en alcanzar una gobernanza efectiva, donde el consenso entre las distintas administraciones garantice políticas coherentes frente al cambio climático. En el plano económico, el sector agrícola —motor de la región— debe acelerar su transición hacia cultivos de alto valor añadido y mínima huella hídrica, un proceso que debe ir de la mano de un relevo generacional que aporte innovación en un entorno de alta incertidumbre", enfatiza.

Reutilización del agua y grandes presas

La desalación y las aguas regeneradas son algunos de los proyectos que está impulsando la administración andaluza para hacer frente a los momentos críticos, aunque cuestiones como la presa de Alcolea siguen en parálisis.

El reto es convertir a Andalucía en el uso de aguas regeneradas y alcanzar un 44% de reutilización de agua. En cuanto a la desalación, se proyectan dos grandes infraestructuras en la Costa del Sol y en Almería, las zonas con más riesgo de sequía, aprovechando los kilómetros de costa.

Por otro lado, la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras, de la que depende la provincia de Huelva y, por tanto, su agricultura, experimentaría una transformación radical con la ejecución de Alcolea, una infraestructura paralizada en 2017 cuando la obra se encontraba a 20%. Se trata de una obra que ampliaría la capacidad de reserva en 246 hectómetros cúbicos y, al mismo tiempo, protegería el entorno de las grandes avenidas en caso de inundaciones. El acuerdo estuvo a punto de cerrarse pero vuelve a estar bloqueado.

Junto a esto, Andalucía trabaja desde hace años en un acuerdo con Portugal que permita aprovechar los recursos de la presa de Alqueva, una de las grandes reservas de agua del sur de Europa, fundamental para garantizar recursos hídricos.

El Pacto de Doñana: un acuerdo para frenar los pozos ilegales

El medio ambiente ha sido foco de conflictividad entre los gobiernos andaluz y central, aunque uno de los grandes acuerdos de los últimos años entre ambas administraciones fue el pacto sellado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la entonces responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a finales de 2023, que se mantiene en pie.

Y es que los efectos del cambio climático también son un punto de inflexión para Doñana. Tras su peor crisis hídrica, Gobierno y Junta de Andalucía pactaron una inversión histórica de 1.400 millones de euros. El plan, que ya está en marcha, establece un mayor control del uso ilegal de los acuíferos y una transformación de los cultivos del entorno para que dejen los regadíos a cambio de ayudas públicas.

Posicionamiento ante el cambio climático

El cambio climático ha aparecido con más fuerza en el vocabulario de la Junta de Andalucía esta última legislatura en comparación con la anterior. La emergencia provocada por la falta de agua, seguida por las fuertes inundaciones del pasado invierno han impulsado al Gobierno autonómico a reforzar su discurso en este ámbito y a reclamar ayuda a Europa para hacer frente a sus efectos devastadores.

Para ello, Moreno ha desplegado sus redes en Europa, donde ha participado en cumbres centradas en el clima poniendo como ejemplo Andalucía, mientras que ha ganado peso en el Comité Europeo de las Regiones. El pasado marzo, lideró la aprobación del dictamen sobre el agua, que recoge que se tengan en cuenta aquellas situaciones específicas que tienen los territorios como Andalucía y que la Comisión Europea, a futuro, reserve agua y garantías hídricas para el sector primario.

Una gran cuenta pendiente: el Algarrobico

Mientras tanto, El Algarrobico sigue en pie en Carboneras (Almería) a pesar de que en los últimos años tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han dado pasos para acabar con este mamotreto junto al mar, que está paralizado desde 2006.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería publicó en enero la normativa urbanística íntegra que así lo establece, dando cumplimiento al requerimiento judicial pendiente en el largo conflicto que rodea al polémico hotel levantado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La Junta de Andalucía se personó el pasado verano en el procedimiento expropiatorio iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), "tras más de cinco meses sin recibir información alguna por parte del Gobierno de España". María Jesús Montero, entonces vicepresidenta del Gobierno, había anunciado a principios de 2025 que se derribaría en cinco meses, pero el desmantelamiento no se ha llevado a cabo aún, casi un año y medio después.

Esta nueva actuación se sumaba a las tres vías ya abiertas por el Gobierno andaluz: la personación en el procedimiento judicial, en la modificación del planeamiento urbanístico y en la revisión de oficio de la licencia urbanística, con el objetivo de restituir la legalidad urbanística y ambiental vulneradas en este enclave del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.