Elecciones en Andalucía: dependencia y vulnerabilidad, el gran desafío social

La atención a la dependencia y a los colectivos vulnerables se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y políticos de Andalucía. El envejecimiento de la población, la falta de profesionales o las listas de espera dibujan un escenario de creciente presión sobre el sistema de cuidados.

El diagnóstico lo comparten tanto el sector asistencial como expertos y sociólogos, aunque con matices distintos. Mientras la Federación Andaluza de Dependencia (FADE) pone el foco en la falta de financiación y en la sostenibilidad económica de los servicios, el análisis sociológico advierte de un contexto más amplio de vulnerabilidad, precariedad y pérdida de confianza en el estado del bienestar.

El principal problema: la financiación

Nuria Hernández Sanjuán, secretaria general de FADE, considera que el principal déficit del sistema andaluz de dependencia sigue siendo económico. La patronal alerta de que el precio que paga la Junta por las plazas concertadas y por el servicio de ayuda a domicilio continúa "por debajo del coste real", pese a las subidas aprobadas en los últimos años. Eso sí, la organización recuerda que Andalucía financia actualmente más del 70% del sistema de dependencia, mientras que el Estado aporta alrededor del 29%, lejos del 50% que prevé la Ley de Dependencia.

Según los datos de esta asociación, en residencias, Andalucía mantiene uno de los precios concertados más bajos del país: 60,92 euros diarios frente a cifras superiores en otras comunidades como La Rioja o Gipuzkoa. En ayuda a domicilio, el sector reclama elevar el precio hora hasta al menos 18 euros para cubrir costes, frente a los 16,63 euros actuales.

Aun así, FADE reconoce algunos avances impulsados por la Junta, como la simplificación administrativa, la reducción de tiempos de espera respecto a años anteriores y la creación de 3.000 nuevas plazas concertadas entre residencias y centros de día.

Menos espera, pero todavía fuera de plazo

Según los datos expuestos por el sector, Andalucía ha logrado reducir los tiempos de tramitación de la dependencia hasta situarlos en torno a los 477 días, el menor plazo en 15 años en la comunidad. Sin embargo, sigue muy lejos de los 180 días que marca la ley. Actualmente, más de 541.000 personas reciben alguna prestación vinculada al sistema de dependencia en Andalucía, con un fuerte peso del servicio de ayuda a domicilio, que concentra buena parte de la atención.

Pese a ello, el déficit de plazas residenciales continúa siendo uno de los grandes problemas estructurales. Según los datos citados por FADE, Andalucía necesitaría más de 36.000 plazas adicionales para alcanzar la ratio recomendada.

Otro de los puntos críticos es la escasez de profesionales sociosanitarios. El sector denuncia dificultades para encontrar enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y, especialmente, gerocultores, un problema que se agrava en zonas rurales.

Hernández sostiene que "los bajos salarios y la imposibilidad de competir con el sector público" están provocando una fuga constante de profesionales hacia el SAS, especialmente en periodos estivales. La federación también reclama ayudas para adaptar residencias y centros al nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, así como una mayor coordinación sociosanitaria entre residencias y sanidad pública.

Una Andalucía más vulnerable

Más allá de los datos asistenciales, el tercer sector lleva unos años advirtiendo de que el contexto económico y social andaluz está agravando la vulnerabilidad de muchas familias. José Luis Fernández Martínez, doctor en ciencias sociales y científico titular IESA-CSIC, define Andalucía como una comunidad "marcada por altos niveles de desigualdad", aunque también por una fuerte cohesión social. Sin embargo, considera que problemas estructurales históricos hacen que crisis como la de la vivienda tengan aquí efectos "más intensos y duraderos".

El acceso a la vivienda, para el sociólogo, es el principal factor de vulnerabilidad actual, especialmente entre los jóvenes y las familias trabajadoras. El aumento del precio del alquiler y la presión turística en muchas ciudades andaluzas están expulsando a parte de la población hacia las periferias urbanas.

A ello, asegura el experto, se suma "una creciente pérdida de confianza en la educación como vía de ascenso social". Según Fernández, muchos jóvenes empiezan a percibir que estudiar ya no garantiza poder emanciparse o acceder a una vivienda.

Familias como "escudo social"

En este contexto, las familias vuelven a desempeñar un papel central como red de apoyo frente a la vulnerabilidad económica y la insuficiencia de recursos públicos. Sin embargo, el experto advierte de que no todas las familias cuentan con la misma capacidad para sostener esa función y las diferencias patrimoniales, especialmente en el acceso a la vivienda, están ampliando la desigualdad incluso entre jóvenes con niveles educativos similares. Mientras unas familias pueden ayudar económicamente a sus hijos para acceder a una vivienda, otras apenas logran actuar como "escudo social" básico frente a la precariedad, explica.

El debate político: más gestión o ampliar el estado del bienestar

El contexto social y asistencial ha convertido la dependencia y los cuidados en uno de los ejes del debate político andaluz. Los principales partidos coinciden en la necesidad de reforzar la atención a colectivos vulnerables, aunque difieren en el enfoque.

El Partido Popular, por un lado, apuesta por mejorar la gestión del sistema actual, agilizando la dependencia y reforzando la atención a mayores y la soledad no deseada, uno de los puntos tratados en campaña por el propio Juanma Moreno, mientras el PSOE plantea ampliar el escudo social con más financiación para dependencia y políticas contra la exclusión.

Por Andalucía y Adelante Andalucía defienden ampliar el sistema público de protección social y convertir determinados cuidados en derechos garantizados y Vox propone una revisión del gasto social, priorizando ayudas "para ciudadanos españoles" y una mayor focalización de recursos.