El Ministerio convoca a Andalucía para impulsar la inversión de 1.197 millones en vivienda y blindar la VPO

Andalucía se juega 1.197 millones de euros destinados a impulsar la vivienda en la comunidad en un momento en el que existe más demanda que oferta y en el que la emergencia habitacional es un hecho. Esta es la cantidad consignada por el Gobierno para la región y el Ministerio del ramo ha convocado este jueves, 21 de mayo, a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial en la que está previsto que se apruebe la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

A pesar de que en un principio había presentado incluso alegaciones a la propuesta, el Gobierno andaluz ha mostrado su predisposición a asumir el plan tras incorporar la medida en el programa electoral con el que ha concurrido a las elecciones andaluzas. Pero no es un cheque en blanco del Ejecutivo central a la administración autonómica: a cambio, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez exige que haya un depósito oficial de las fianzas del alquiler, un sistema que existía en Andalucía y que se acaba de suprimir, además de plantear que se debe incrementar la cofinanciación autonómica hasta el 40%, es decir, hasta los 479 millones de euros.

Declarar zonas tensionadas

Asimismo, exige que todas las VPO que se construyan con estos fondos estatales tendrán una protección permanente: no se pondrán vender en ningún momento en el mercado libre. Pero a esto se añade otra limitación: para acceder a la línea máxima de subvenciones por vivienda la autonomía debe tener declaradas zonas tensionadas como prevé la ley estatal, una medida que el Gobierno de Juanma Moreno rechaza por completo.

Precisamente son casi 480 millones de euros los que se tendrán que destinar a la construcción de viviendas públicas o en colaboración con la iniciativa privada. La ayuda básica asciende a 85.000 por VPO que se deberá destinar al alquiler por un importe máximo de 900 euros mensuales. Se podrán también destinar a la venta pero sólo en municipios de menos de 10.000 habitantes.

A este importe básico se añade a petición de comunidades autónomas como Andalucía, una línea de 8.000 euros por piso para las obras de urbanización de suelos y de otros 8.500 euros cuando se empleen técnicas de industrialización.

Existe una posibilidad de que la ayuda se eleve por encima de los 102.000 euros. En este caso, tendría que ser por una VPO que se construya en una zona de mercado residencial tensionado, donde los precios del alquiler estén muy por encima de los niveles de renta. Esta es una posibilidad que establece la ley estatal de vivienda pero que el Gobierno de Juanma Moreno ha desistido de aplicar e incluso ha llevado al Tribunal Constitucional.

Cambios en el Plan VIVE

Por otro lado, el Ministerio impone como condición para aceptar los 1.197 millones de euros que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre. Esto supone, automáticamente, la revisión del Plan VIVE, ya que este incluye que las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección.

En cualquier caso la recién aprobada ley andaluza de vivienda establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

Mantenimiento del reparto ya anunciado

En la reunión que tendrá lugar este jueves, el departamento que lidera Isabel Rodríguez tiene como objetivo mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros.

Desde esta cartera destacan especialmente la inclusión del blindaje de la vivienda que se impulse con recursos estatales para que nunca se pueda especular con ella. "El Ministerio de Vivienda confía en un acuerdo con todas las comunidades autónomas para desplegar cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía", han destacado.