El plan estatal de vivienda se aprueba con 1.197 millones para Andalucía aunque la Junta mantiene su rechazo al reparto de la financiación

Andalucía contará con 1.197 millones de euros para invertir en vivienda hasta 2030. El Estado financiaría el 60% (718 millones de euros) y la Junta de Andalucía el 40% (479 millones de euros). Es el cálculo que establece el plan estatal que el Ministerio de Vivienda ha trasladado este jueves a Andalucía y al resto de comunidades y que ha sido aprobado. El documento marca así las bases de las políticas de vivienda que se ejecutarán en la comunidad autónoma y triplica los recursos disponibles hasta ahora.

La Consejería de Fomento, Rocío Díaz, ha aceptado la suma global (el 17,10% del dinero que se va a invertir en España) que además ya recogía el presidente andaluz Juanma Moreno en su programa electoral. Pero al mismo tiempo ha anunciado una revisión jurídica del documento para estudiar un posible recurso con dos objetivos: aumentar la aportación del Gobierno para reducir la cuantía que le corresponde abonar a la Junta y suprimir lo que consideran "imposiciones". El Gobierno de España, por su parte, ha celebrado que haya habido acuerdo y se ha mostrado abierto a seguir trabajando en un marco de "colaboración entre instituciones" para resolver el problema de la vivienda.

"Estamos de acuerdo con que Andalucía reciba el 17% de la inversión prevista en el plan, es lo que nos corresponde", admitió la consejera andaluza antes de entrar a la reunión. A continuación matizó el apoyo: "Esto supone que la Junta de Andalucía tiene que multiplicar por seis su inversión mientras que el Gobierno sólo duplica su aportación. Por eso queremos que haya una revisión del reparto de financiación", apuntó la consejera, quien mantiene esta posición desde que se planteó por primera vez el plan. Ahora, mismo la Consejería está analizando jurídicamente el plan para estudiar posibles medidas que se adopten a posteriori tanto por la distribución de los fondos como por los requisitos que deberán cumplir las comunidades para acogerse a este plan. "Un plan debe venir desde el diálogo y este está marcado por las imposiciones", apuntó la consejera.

Desde el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez defendieron que el plan ha sido consensuado y trabajado con las comunidades y que viene a reflejar la apuesta por la vivienda pública del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Han sido muchos meses de trabajo y diálogo. Desde el Ministerio hemos trabajado mucho para conformar ese acuerdo, no solo con las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, sino también con la sociedad civil, sindicatos y demás agentes y operadores del sector que nos tienen que acompañar en esta política", explicó la ministra antes de entrar en la reunión. De hecho, muchos territorios han presentado alegaciones y se han aceptado algunas de las planteadas por comunidades como Andalucía.

En la votación de este jueves en la que se decidía si seguía o no adelante el plan estatal, la Junta de Andalucía ha aceptado aunque no haya podido votar al estar en funciones. Tampoco se podrá firmar de forma inmediata ya que, como admitió la propia consejera portavoz del gobierno, Carolina España, este plan este una de las medidas que exigen un compromiso de gasto y que, en consecuencia, no se pueden abordar con un gobierno en funciones. La fecha de la entrada en vigor de este plan está, por tanto, a expensas de los acuerdos entre PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno.

Un plan clave para la estrategia de vivienda andaluza

Andalucía tiene en juego 1.197 millones de euros en este nuevo plan estatal, el triple de la actual estrategia en vigor. Por primera vez el Gobierno de España aportará el 60% (718 millones de euros) y obliga a la Junta de Andalucía a aportar el 40% restante (479 millones de euros). Esto supone que el Gobierno de España duplicará su aportación actual mientras que la Junta de Andalucía, que parte de una cuantía muy inferior, la tendrá que multiplicar por seis para llegar al reparto proporcional que se ha fijado como objetivo el Gobiernjo de España.

Pero no es la única exigencia que establece el plan estatal y que choca con los planteamientos de la Junta de Andalucía. El Gobierno, además, exige que toda las VPO que se construyan con este plan estén blindadas, de forma que no se puedan vender en el mercado libre, y que haya un depósito oficial de fianzas de alquiler. Ambas medidas obligan a revisar el Plan VIVE andaluz y la recién aprobada ley autonómica. Por este motivo, la Junta está estudiando activar recursos.

El plan del Ministerio recoge que las VPO deben blindarse de forma que tengan una "protección permanente" y no se puedan "vender al mejor postor, a la especulación o a fondos buitres". Además, se ha articulado para favorecer la "transparencia" en las políticas públicas.

Blindaje de las VPO

La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente en Andalucía desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.

Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

Cambio en la ley andaluza

El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.