Juan Cubo, representante de las viviendas turísticas en Andalucía aplaude la suspensión del registro estatal: "Generaba inseguridad jurídica"

El presidente de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avvapro), Juan Cubo, ha valorado "muy positivamente" la decisión del Tribunal Supremo de anular la obligación de inscripción en el llamado Registro Único de Alquileres de Corta Duración una decisión que ha 'liberado' a miles de viviendas turísticas en Andalucía que contaban con la autorización de la Junta pero que no habían sido admitidas en el censo estatal. De hecho, más de 26.000, habían recibido un 'no' cuando lo habían intentado al detectar el colegio de registradores de la propiedad que no se cumplía algún requisito obligatorio.

"Andalucía ya cuenta con un registro turístico propio, con mecanismos de regulación, control e inspección plenamente operativos, lo que hacía innecesaria la imposición de un registro estatal paralelo", apunta Juan Cubo. En declaraciones a Europa Press, el presidente ha informado que la organización había denunciado durante años que este sistema generaba "inseguridad jurídica, duplicidades administrativas y constituía una evidente invasión de competencias en materia de turismo que según la Constitución están transferidas a las comunidades autónomas".

Asimismo, Avvapro ha insistido en que "no tenía ningún sentido imponer un registro estatal paralelo, incumpliendo manifiestamente el artículo 4 del reglamento europeo del que manaba, que lo único que aportaba era simplemente más burocracia a miles de propietarios y profesionales que ya cumplían con todas sus obligaciones legales".

"Sin más cargas administrativas"

Para la asociación de viviendas turísticas, por tanto, "esta sentencia refuerza un principio fundamental: cualquier regulación debe respetar el marco competencial, ser proporcional y aportar verdadera eficacia y no más cargas administrativas".

Al hilo, AvaPro ha reafirmado su compromiso con un modelo turístico "equilibrado, legal y sostenible, centrado en combatir la verdadera clandestinidad, garantizar la convivencia y la seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los profesionales que operan en nuestro sector". Por último, el presidente ha señalado que "el Supremo lanza un mensaje muy claro: regular, sí, pero dentro de la legalidad y respetando las competencias autonómicas", ha concluido.