La Junta de Andalucía pide al Gobierno indemnizaciones a miles de viviendas turísticas que fueron excluidas de Booking y Airbnb por el registro estatal

Según los datos del registro de alquileres turísticos, en Andalucía hay dadas de alta 167.457 viviendas turísticas en estos momentos. Sin embargo, el último censo del Ministerio refleja que desde la puesta en marcha del nuevo decreto estatal, el pasado verano, sólo unas 100.000 habían solicitado formar parte del registro estatal y de éstas casi 26.000 habían sido rechazadas. Sólo estaban autorizadas, por tanto, para operar en plataformas como Booking o Airbnb en torno a 75.000. El resto, aunque tuvieran los permisos autonómicos (que se obtienen por declaración responsable), no podían anunciarse ni en Booking ni en Airbnb. Por este motivo, ante la suspensión de la normativa por el Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía ha solicitado que estudien posibles indemnizaciones a los propietarios que se hayan visto afectados y no hayan podido anunciarse.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha remitido un escrito dirigido al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para forzar la convocatoria de una conferencia sectorial en cuyo orden del día figure el análisis de posibles indemnizaciones. Concretamente, se propone una "evaluación del impacto sobre el sector turístico, los operadores y las comunidades autónomas del coste directo y el lucro cesante a fin de determinar procedimientos de resarcimiento para los actores perjudicados". Según los datos de la Consejería, casi nueve de cada diez titulares de viviendas turísticas en Andalucía son particulares y no grandes empresas. Y de ahí que se solicite que se realice un análisis de las "consecuencias jurídicas, económicas y operativas" de la sentencia del Supremo.

En su escrito, la Junta de Andalucía, que había recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto estatal que creaba el registro único por invasión de competencias, reclama que se genere un espacio de "reflexión conjunta y urgente" entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. "La resolución judicial tiene efectos directos sobre la arquitectura de coordinación administrativa, sobre la seguridad jurídica de los operadores y sobre el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de ordenación de la actividad", recoge el escrito, que apunta que hay una "voluntad constructiva".

Las competencias vuelven a Andalucía

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, las competencias plenas sobre el control de las viviendas turísticas vuelven a estar en manos de la Junta de Andalucía. La Consejería de Turismo defiende el trabajo realizado ya ha permitido un control exhaustivo de las viviendas turísticas sin necesidad de la intervención del Ministerio. Según los datos de la Consejería en tres años se han cancelado más de 15.000 viviendas turísticas ilegales: 5.800 en 2024, 6.860 en 2025 y 2.673 en lo que llevamos de año.

En estos dos años, según subrayan desde la Consejería, se ha puesto en marcha el nuevo sistema que impide la inscripción automática de viviendas en municipios en los que se han establecido limitaciones urbanísticas como Sevilla, Málaga, Cádiz o El Puerto de Santa María. De esta forma, aunque el procedimiento sigue siendo a través de una declaración responsable, no se autoriza ningún alta. A esto se añade la puesta en marcha del grupo Titan de la Policía Nacional Adscrita, un equipo especializado que recorrerá el territorio realizando controles y realizará un seguimiento de las ofertas a través de internet.

No obstante, el plan de la Junta de Andalucía pasaba por la aprobación de una Ley de Turismo Sostenible que iba a reforzar las competencias y las garantías jurídicas para que los ayuntamientos pudieran limitar las viviendas turísticas así como un endurecimiento de las penas por cualquier irregularidad. Esta normativa no llegó a tiempo antes de la convocatoria electoral y ahora está condicionada por los plazos de conformación del nuevo gobierno que dependen el pacto entre PP y Vox.

El Ministerio pide a Andalucía que refuerce el control

Tras conocer la suspensión del decreto estatal, el Ministerio de Vivienda ha reclamado a las comunidades autónomas que "sigan el ejemplo mostrado por los Registradores de la Propiedad durante estos meses y que agilicen las comprobaciones y las inspecciones para cerciorarse de que los alojamientos que se inscriben cumplen la norma".

El departamento que dirige Isabel Rodríguez pone el foco especialmente en la comunidad autónoma andaluz: "No puede ser lo que ha estado pasando en lugares como Andalucía: que baste una declaración responsable para inscribir un piso turístico y que luego nadie compruebe si se cumple la norma", advirtió.