La zona azul de Matalascañas suma otro golpe: recurren ante el Contencioso-Administrativo el decreto que activó la zona ORA

Nueva vuelta de tuerca en torno a la zona azul de Matalascañas. Después del varapalo sufrido este jueves por el alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, con el rechazo en pleno a la implantación de la zona ORA, en una sesión que terminó con un desenlace rocambolesco por la llegada in extremis de un concejal que se encontraba de crucero para votar contra la propuesta municipal, el concejal no adscrito y portavoz del proyecto político Almonte 100x100, Miguel Ángel Jiménez, ha presentado este viernes ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Huelva un recurso contra el Decreto de Alcaldía firmado el pasado 5 de mayo, por el que se ordenó la puesta en funcionamiento del servicio ORA en Matalascañas desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre.

Recurso con petición urgente de suspensión

Según ha informado la formación en una nota, el recurso presentado contra la zona ORA de Matalascañas incluye además una solicitud de medida cautelarísima de suspensión, es decir, una petición urgente para que el juez deje sin efecto el decreto mientras se estudia el fondo del procedimiento.

El concejal sostiene que el servicio llegó a funcionar durante unas horas el pasado 15 de mayo, aunque posteriormente quedó paralizado y continúa en esa situación "sin que se haya ofrecido por parte del Ayuntamiento una explicación pública con la claridad que exige un asunto que afecta directamente al bolsillo de vecinos y visitantes".

Un decreto aún vigente

A juicio de Miguel Ángel Jiménez, el problema principal es que, pese a esa paralización, el decreto municipal sigue formalmente en vigor. "El decreto, sin embargo, no ha sido revocado, de manera que el servicio, según afirmaciones del alcalde, podría reactivarse en cualquier momento", ha señalado Jiménez antes de añadir que es precisamente esa vigencia la que quiere "ver suspendida".

El recurso defiende, en esencia, que "el alcalde ha establecido por decreto un régimen tarifario obligatorio para vecinos y visitantes sin haber aprobado antes la ordenanza municipal que la ley exige para esa clase de prestaciones". En esta línea, el concejal advierte de que "cobrar primero y regular después vulnera la reserva de ley consagrada en el artículo 31.3 de la Constitución".

Críticas a las tarifas y a la competencia del alcalde

El escrito incorpora también una objeción de "carácter competencial", al considerar que "aprobar ordenanzas es competencia exclusiva del pleno municipal y la propia Ley de Bases de Régimen Local prohíbe expresamente delegarla en la Alcaldía". A ello se suma un tercer reproche jurídico sobre las denominadas tarifas de anulación, con importes de entre tres y doce euros, que el recurso califica como "sanciones encubiertas y que, como tales, requerirían la cobertura normativa que la Constitución exige para cualquier castigo administrativo".

La tramitación del expediente

El recurso pone igualmente el foco en "la forma de tramitar el expediente". En concreto, señala que "el decreto está fechado el 5 de mayo, pero los concejales no pudieron acceder a él hasta el 13, apenas 48 horas antes del pleno ordinario y dos días antes de que los parquímetros se pusieran en marcha".

"Lo que le hemos pedido al juez es muy sencillo. Que diga si un alcalde puede cobrar a los vecinos por decreto, sin ordenanza, sin pleno y sin información pública. Nosotros creemos que no. Y si estamos en lo cierto, lo razonable es que no pueda volver a hacerlo como lo hizo el pasado 15 de mayo", afirma Jiménez.

La cautelarísima: una decisión en cuestión de días

La solicitud de medida cautelarísima se apoya en "una idea concreta". Según expone el concejal, "aunque la ORA esté hoy detenida, podría reactivarse de un día para otro y operar durante el resto del verano, generando cada jornada efectos masivos sobre miles de turistas y visitantes a los que después sería prácticamente imposible localizar para devolver lo cobrado en caso de sentencia favorable al recurrente". Por este motivo, el escrito recalca que "cualquier respuesta judicial debe llegar en cuestión de días, no de meses".

Críticas al equipo de Gobierno

"El equipo de Gobierno está intoxicando a la opinión pública dando por hecho que un decreto de alcaldía puede servir para poner en marcha el servicio", ha declarado el concejal almonteño, que acusa al gobierno local de que "miente cuando afirma que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha avalado la legalidad del decreto, cuando ni siquiera ha entrado en el fondo de la reclamación interpuesta por la Asociación de Propietarios".

Esa misma "urgencia" es la que Jiménez relaciona con una crítica política "más amplia". "No estamos contra la ORA en Matalascañas, llevamos años diciendo que el tráfico hay que ordenarlo, pero no se puede hipotecar toda la vía pública de nuestro núcleo costero durante 30 años, eso es una aberración", afirma el portavoz de Almonte 100x100.

Asimismo, asegura "no comprender" como "representantes públicos con responsabilidades de gobierno están intentando confundir a la ciudadanía con informaciones falsas para que estos paguen unas tarifas, que hasta el momento son irregulares, a una empresa privada". "Que cada uno saque sus conclusiones", añade.

El recurso cita una sentencia del Supremo

El escrito presentado por Jiménez menciona también un pronunciamiento reciente del Tribunal Supremo, fechado el 11 de diciembre de 2024, que anuló una operación similar del Ayuntamiento de Manzanares por "utilizar un instrumento normativo inadecuado para imponer este tipo de cobros".

Por la propia naturaleza procesal de la pieza de medidas cautelarísimas, la resolución debe producirse en plazos muy breves. Por ello, se espera "un primer pronunciamiento judicial en los próximos días", remarca Jiménez.