Casi 30.000 piscinas comunitarias de Andalucía tendrán que adaptarse este año a la nueva normativa: se exponen a sanciones de 600.000 euros y el cierre

Andalucía tiene entre 35.000 y 45.000 piscinas que pertenecen a comunidades de propietarios con veinte o más viviendas. De ellas, entre 10.000 y 30.000 están afectadas de lleno por el nuevo Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas al que tienen que adaptarse antes del 2 de enero de 2027. Si no lo hacen, se exponen al cierre y a sanciones de hasta 600.000 euros. Por este motivo, el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas ha lanzado una campaña de comunicación e información para incentivar el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento La medida supone un cambio drástico para la gestión ordinaria de las comunidades, ya que la normativa de salud pública traslada la responsabilidad de verificación a la comunidad de propietarios que deben adaptarse.

"Como administradores, nos ocupamos de que toda esa normativa se cumpla y se cumpla en condiciones", declara Mariló García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, una de las provincias más afectadas por este decreto, donde según sus cálculos se pueden ver afectadas entre 1.500 y 2.000 comunidades.

El Consejo Andaluz aclara que no todas las comunidades se tendrán que someter a estas obligaciones, ya que muchas de ellas ya externalizan actualmente el mantenimiento de sus piscinas a empresas especializadas y acreditadas conforme a la normativa sanitaria. Pero, "la comunidad sigue siendo responsable, tiene la obligación de saber que esa empresa cumple con la normativa", destaca Mariló García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.

Requisitos de cumplimiento y sanciones

Dentro de las obligaciones estipuladas en la normativa está la formación del personal actual o la contratación de una empresa externa como alternativa. Sin embargo, como explica la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, "se produce un conflicto de intereses" entre los empleados y los propietarios; ya que estos últimos, no tienen interés en pagar un servicio extra para mantener la piscina.

Bernal explica sobre el personal de mantenimiento que "a ellos les quita una carga de trabajo importante, esa responsabilidad de asumir nuevos retos profesionales", con lo cual comparten el sentimiento general de que "es mejor de que se encarguen esas empresas especialistas", concluye la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.

Las consecuencias de incumplimiento van desde un requerimiento de subsanación hasta multas económicas importantes, la suspensión temporal del servicio o incluso el cierre de la instalación en caso de inspección desfavorable. En cuanto a las sanciones, estas pueden superar los 3.000 euros en infracciones leves y alcanzar hasta 600.000 euros en los supuestos más graves o de especial riesgo para la salud pública.

Además el Consejo recuerda que la normativa no solo afecta a la formación del personal, sino también al conjunto de obligaciones técnicas y sanitarias que deben cumplirse de forma continua. El control de la calidad del agua, la correcta manipulación de productos químicos, el seguimiento de los registros, así como la aplicación de protocolos de autocontrol, forman parte de un sistema regulatorio exigente que requiere una gestión especializada y permanente.

El papel del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas

En este contexto, el papel del administrador de fincas colegiado se vuelve determinante. Su intervención permite a las comunidades anticiparse a los plazos legales, coordinar la adaptación de los contratos de mantenimiento, verificar la cualificación del personal y asegurar que todas las obligaciones se cumplen conforme a la normativa autonómica y estatal. De este modo, actúa como figura de referencia para la correcta delegación de responsabilidades en empresas especializadas y así reducir la exposición de las comunidades y de sus órganos de gobierno ante posibles reclamaciones.

El Consejo Andaluz subraya que esta obligación de certificación no debe interpretarse como un mero trámite administrativo, sino como una medida directamente vinculada a la seguridad y a la salud pública. Un mantenimiento inadecuado o realizado por personal no cualificado puede derivar en incidencias sanitarias graves, así como en responsabilidades civiles o penales para los responsables de la comunidad.