Los Inspectores educativos denuncian "pánico legal" y "vulnerabilidad jurídica" en las aulas tras casos como el de Sandra Peña

Los inspectores educativos han analizado el caso de Sandra Peña en unas jornadas celebradas en Málaga y organizadas por USIE-Andalucía. En una ponencia dirigida por el magistrado Fernando Portillo, juez decano del Tribunal de Instancia de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente, se analizó el auto de sobreseimiento de la querella presentada por los padres de la menor contra los responsables del colegio Irlandesas Loreto.

En el aspecto jurídico, se explicó que la clave de este sobreseimiento se encuentra en el artículo 11 del Código Penal, que regula la comisión por omisión. En este sentido, se destacó que el hecho de no haber abierto los protocolos constituye, "inequívocamente, una irregularidad de carácter puramente administrativo, pero que en ningún caso puede derivar de forma automática en una responsabilidad penal".

"Para que prospere la vía criminal en estos supuestos se requiere la concurrencia de cuatro requisitos acumulativos y, en este caso, se constató que elementos nucleares como la posición fáctica de garante no se pudieron dar, al haber ocurrido el trágico desenlace fuera del horario y del recinto escolar", destaca el comunicado enviado por USIE. Los inspectores creen que "han arrojado luz para desmitificar el pánico penal y la vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas ante desenlaces fortuitos o multicausales".

La asfixia burocrática

"Más allá de este procedimiento específico, las sesiones han abordado la desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales que saturan las agendas de la Inspección, obligando al cuerpo a desplegar un constante asesoramiento exprés de alta complejidad técnica", han señalado los Inspectores. "Casuísticas reales y extremas cruzan a diario los despachos de los inspectores: desde presiones externas de bufetes de abogados que exigen historiales de puntualidad de menores como armas arrojadizas en procesos de divorcio, hasta el conflicto derivado del veto unilateral de actividades complementarias por progenitores no custodios, el acceso a datos sensibles de salud mental de alumnos vulnerables, o las paradojas de plataformas informáticas que confunden la guarda y custodia con los derechos inalienables de la patria potestad".

La presidenta de USIE-Andalucía, Ana María Verdugo Bocanegra, ha expresado "la urgente necesidad de redefinir las prioridades del sistema" ante este panorama. Igualmente, ha denunciado que "la inercia de volcar de forma sistemática cualquier crisis judicial, sanitaria o social en las escuelas está desvirtuando por completo la verdadera esencia de la educación, que no es otra que formar integralmente al alumnado para la mejora de la sociedad".