La Junta de Andalucía certifica que el decreto que activó la zona azul de Matalascañas era ilegal

La polémica por la zona azul de Matalascañas suma un nuevo capítulo después de que la Asociación de Propietarios de Matalascañas haya hecho público una comunicación oficial de la Junta de Andalucía en la que se certifica que el decreto que permitió activar la zona ORA en Matalascañas carecía del respaldo legal necesario. La asociación sostiene que el Decreto 2026-2358, firmado el 5 de mayo por el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Grupo Ilusiona), ordenó el inicio del servicio sin que existiera una ordenanza aprobada por el Pleno municipal.

Según la versión difundida por la Asociación de Propietarios de Matalascañas, el origen del conflicto se sitúa el 5 de mayo de 2026, cuando el alcalde de Almonte, Francisco Bella, firmó el Decreto 2026-2358 para ordenar el inicio de la Zona ORA en Matalascañas. La entidad sostiene que esta activación se produjo “sin ordenanza aprobada por el Pleno” y “sin el respaldo legal que la ley exige”, al tratarse de una materia que, según defiende, no podía resolverse mediante un decreto de Alcaldía.

La asociación recuerda que el establecimiento de una tasa o precio público es competencia del Pleno municipal, conforme al artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese sentido, sostiene que “no puede hacerlo el alcalde por decreto” y que esa regla rige “sin excepción”. Según el relato de los propietarios, la Junta de Andalucía inició actuaciones de tutela de legalidad y el 19 de mayo formuló un requerimiento formal de anulación al considerar que el decreto que activaba la ORA era ilegal: “Esto no es un debate político. Es una cuestión de transparencia y legalidad institucional”, afirman.

Un decreto anulado antes del pleno

Uno de los puntos centrales de la denuncia de la Asociación de Propietarios de Matalascañas es que el propio alcalde habría anulado en secreto el decreto inicial el 14 de mayo, un día antes del pleno ordinario en el que se debatió la implantación de la zona ORA. Según la asociación, esa anulación se produjo mediante el Decreto 2026-2566, sin que se informara de ello en la sesión plenaria celebrada al día siguiente.

“El alcalde lo anuló en secreto el 14 de mayo. En los dos plenos siguientes, nadie lo dijo”, sostienen. El Pleno de Almonte rechazó la ordenanza el 15 de mayo por 11 votos contra 10 y volvió a hacerlo el 21 de mayo, en una sesión extraordinaria y urgente, con el mismo resultado. Para los propietarios, el silencio sobre la anulación del decreto resulta especialmente grave porque los concejales debatieron y votaron sin conocer que el acto administrativo que daba cobertura al servicio ya había sido dejado sin efecto.

El papel del Tribunal de Recursos Contractuales

La asociación también cuestiona el relato público realizado en torno al pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Según los propietarios, el equipo de gobierno defendió que dicho órgano había “avalado” la zona azul de Matalascañas, cuando, siempre según su interpretación, lo que hizo fue inadmitir el recurso por motivos procedimentales, sin entrar en el fondo de la legalidad del servicio.

“Una inadmisión no es un aval. Son conceptos jurídicamente opuestos”, recalca la asociación. A su juicio, mientras se transmitía públicamente la idea de que existía respaldo jurídico a la ORA, la Junta de Andalucía estaba requiriendo formalmente la anulación del decreto por el que se había activado el estacionamiento regulado.

Parquímetros y tickets de cobro

La Asociación de Propietarios de Matalascañas asegura además que los parquímetros llegaron a activarse y a emitir tickets de cobro a usuarios antes de ser desactivados. Por ello, lanzaron un aviso a los vecinos y visitantes que hubieran abonado cantidades durante esos días: “Si abonaste en los parquímetros de Matalascañas desde el 15 de mayo: guarda el justificante. No existía ninguna norma legal que obligara a ese pago”.

La entidad insiste en que, tras la anulación del decreto y el doble rechazo de la ordenanza en el Pleno de Almonte, la ORA de Matalascañas no tendría actualmente cobertura normativa vigente. “La ORA no tiene ningún respaldo legal vigente de ningún tipo”, afirma la asociación, que sitúa el caso más allá del debate sobre la conveniencia o no de ordenar el aparcamiento en el núcleo costero.

Un contrato de 30 años y una denuncia ante Fiscalía

El problema alcanza una mayor importancia por el contrato adjudicado para la gestión de la zona azul en Matalascañas, que, según la asociación, tiene una duración de 30 años y un valor superior a 38,9 millones de euros. Para los propietarios, no se trata sólo de una medida puntual de movilidad, sino de una decisión que compromete durante décadas la gestión del aparcamiento en la playa almonteña.

La Asociación de Propietarios de Matalascañas asegura que ha formalizado denuncia penal ante la Fiscalía de Huelva contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, al apreciar presuntos indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos. La entidad sostiene que “un contrato de 30 años que compromete el futuro de Matalascañas y los presupuestos de Almonte fue puesto en marcha sin el respaldo legal necesario”.

"Es un acto administrativo de la Junta"

En su comunicado, los propietarios subrayan que el fondo del asunto no es únicamente si Matalascañas debe tener o no estacionamiento regulado, sino si las decisiones administrativas se adoptaron con todas las garantías. “No es una opinión. No es una denuncia de parte. Es un acto administrativo de la Junta de Andalucía, verificable públicamente”, señala la asociación sobre el documento.

La entidad concluye que el caso exige explicaciones públicas por parte del Ayuntamiento de Almonte y una aclaración completa sobre el estado real de la zona azul de Matalascañas. “Es una cuestión de si las instituciones de Almonte funcionan con transparencia y dentro de la ley”, resume la asociación, que mantiene su ofensiva administrativa y judicial contra la implantación de la ORA en el núcleo costero.