La Junta de Andalucía responde al Gobierno y convocará el pacto para el derribo del Algarrobico

El dictamen del Consejo Consultivo que anula la licencia concedida para la construcción del hotel del Algarrobico, cuyas obras llevan años paradas, sitúa la demolición de este edificio situado en plena costa "más cerca que nunca". El Ayuntamiento ya ha anunciado la convocatoria de un pleno que será decisivo para recuperar, más de veinte años después, una zona protegida. Pero a partir de ahí se abre un escenario en el que es necesaria la colaboración entre Gobierno de España y Junta de Andalucía, que mantienen un duro enfrentamiento en torno a este proceso.

Las bases de la demolición del Algarrobico están fijadas en un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que data del año 2011. En ese momento, se acordó que sería el Ministerio quien asumiría las tareas de derribo y su coste (en torno a siete millones de euros) mientras que a la Administración autonómica le corresponde el desescombro y correcta gestión de los residuos. Posteriormente, el compromiso es la restauración completa de este litoral garantizando la protección de sus valores ecológicos.

Este convenio está en vigor y tiene conformada una comisión de seguimiento. Por este motivo, nada más conocerse el dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno de España reclamó a la Junta de Andalucía la convocatoria inmediata de esta comisión para concretar los siguientes pasos. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha recogido el testigo aunque con matices: "Debe celebrarse una comisión mixta de seguimiento del protocolo general de colaboración de 15 de noviembre del 2011, pero con una posición clara de victoria de las tesis de la Junta de Andalucía", apunta.

La posición de la Junta sigue siendo de prudencia y delegar toda la responsabilidad al Ayuntamiento de Carbonera. "Le pedimos la máxima celeridad y agilidad en la convocatoria del pleno para poner fin de una vez por todas a un conflicto que se ha prolongado demasiado tiempo", explicó Antonio Sanz.

Conflicto abierto entre ambas administraciones

Las posiciones en torno al Algarrobico de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se distanciaron a raíz de la decisión del Ejecutivo de acelerar los trámites para el derribo a través de la expropiación de la parte de la construcción situada en la franja costera de titularidad estatal. Un proceso muy lento y complejo que no se ha llegado a materializar. El Gobierno andaluz descartó esta opción y en todo momento apuntó a la necesidad de esperar la revocación de la licencia que dependía del Ayuntamiento para lo que apremió y realizó requerimientos judiciales al propio Ayuntamiento.

"Ha quedado claro, que la vía jurídica era la opción frente al paripé electoral del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero de la expropiación, que era inútil. Después de anunciar que en seis meses procederían a derribar, se ha visto que la vía de la expropiación era el camino equivocado, tal y como habían advertido la Abogacía del Estado muchísimos años atrás" , completó

Para el consejero, "la posición del Estado aún no ha dado ningún resultado", punto en el que ha recordado que "escogió la vía de la expropiación y no ha sido capaz ni de avanzar ni de ofrecer una solución" y ha señalado que en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento, en relación con la revisión de oficio de la licencia, "ni siquiera se había personado" el Estado.