Más de 16 personas han muerto cada día esperando la dependencia en Andalucía en lo que va de año

Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año, más de 16 personas han muerto cada día en Andalucía esperando una ayuda de la dependencia. En total, 1.357 fallecieron sin haber sido valoradas y otras 606 con el derecho reconocido, pero sin llegar a disfrutar de la prestación. Son datos que ponen rostro a una de las grandes asignaturas pendientes del sistema: la saturación de las listas de espera, pese a que los tiempos de demora han empezado a reducirse de forma significativa.

Para muchas familias, la espera sigue siendo demasiado larga. Tanto, que algunas personas dependientes nunca llegan a recibir una prestación que les corresponde por ley. Andalucía tiene la segunda lista de espera más grande de España, solo por detrás de Murcia, y es la comunidad con más días de demora: 457 días desde que se presenta la solicitud hasta que el usuario recibe finalmente la ayuda, según los últimos datos del Imserso.

La cifra ha bajado en 39 días respecto al año pasado y en 181 desde 2020, pero la comunidad sigue lejos de la media nacional, situada en 325 días. Aun así, Andalucía es la única autonomía que ha recortado el tiempo de espera en el último año, a contracorriente de la tendencia nacional. El problema es que tanto España como Andalucía continúan muy lejos del plazo legal, fijado en un máximo de 180 días.

El volumen de las listas de espera ha variado en los últimos años, pero el número de personas fallecidas mientras esperaban la prestación apenas ha fluctuado. En abril del año pasado ya habían muerto 2.627 personas en esta situación y, un año antes, 2.044. En 2026, con 1.963 fallecimientos en los cuatro primeros meses, la tendencia muestra solo un descenso leve.

412 días desde la solicitud hasta la resolución del grado

En el sistema de dependencia hay tres tiempos de espera distintos. El primero va desde que se solicita el reconocimiento del grado hasta que se resuelve. El segundo, desde que se reconoce ese grado hasta que se concede la prestación. El tercero es el cómputo global: desde la solicitud inicial hasta que la persona recibe la ayuda.

En lo que va de 2026, el tiempo medio desde que una familia presenta la solicitud hasta que recibe la resolución del grado de dependencia es de 412 días. Son 63 días menos que en 2025, por lo que la evolución inmediata es positiva. Sin embargo, si la comparación se hace con 2020, la lectura cambia: ahora se espera 75 días más que hace seis años.

El presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, advierte de que este tiempo de demora "exagerado" provoca que muchas personas lleguen a la ayuda en "muy mal estado". "Se alarga la esperanza de vida, pero también empeora la calidad de vida de esas personas y eso hace que lleguen peor a las ayudas, si llegan", apunta en conversación con El Correo de Andalucía.

La espera cae un 92% una vez reconocido el grado

La segunda lista de espera, la que va desde la resolución del grado hasta la prestación efectiva de la ayuda, sí ha experimentado un cambio drástico. En 2020, las personas dependientes esperaban una media de 333 días desde que se les reconocía el grado hasta que recibían la ayuda. Seis años después, el tiempo se ha reducido un 92,1%. En lo que va de año, la demora media es de 26 días desde que la persona recibe la aprobación hasta que finalmente accede a la prestación.

Actualmente, 4.659 personas llevan más de seis meses en lista de espera para recibir la prestación por no ser efectiva

Ese dato, sin embargo, tiene matices. Según el Imserso, sigue existiendo un importante atasco entre quienes tienen la prestación aprobada pero aún no la reciben. Actualmente, 4.659 personas llevan más de seis meses en esa situación [tal como se puede analizar en la gráfica a continuación]. En 2022, en esa misma lista había solo 271.

"Un señor solicita la prestación de Dependencia, recibe la visita y le dan el grado con el que le asignan una residencia. Sin embargo, no le llaman de la residencia durante meses. Esa es la realidad de miles de personas", explica Durán. Para el presidente de la FOAM, esta parte del procedimiento es el punto "más preocupante". "Hay muchísima gente que le dan la prestación pero siguen en lista de espera. Eso es para nosotros lo importante. Porque se confunde a la gente y se crean unas expectativas que no son", lamenta.

Un señor solicita la prestación de dependencia, recibe la visita y le dan el grado con el que le asignan una residencia. Sin embargo, no le llaman de la residencia durante meses. Esa es la realidad de miles de personas

Martín Durán

— Presidente de la FOAM

A nivel nacional, Andalucía es la comunidad con mayor colapso en este tramo del trámite de la dependencia. Aunque en los últimos meses la lista de espera ha bajado de forma considerable, todavía se mantiene una acumulación importante de expedientes pendientes.

Dependencia: 1,58% del PIB andaluz

Para el presidente de la FOAM, la única forma viable de reducir los tiempos de espera y aliviar las listas es aumentar la financiación por persona dependiente. La Junta de Andalucía ha elevado el presupuesto de dependencia un 12% en 2026, hasta alcanzar los 2.610,6 millones de euros. Sin embargo, en 2025, según los datos del Imserso, Andalucía destinó 6.698 euros por persona con derecho reconocido, una cifra inferior a los 7.715 euros de media nacional.

Con ese nivel de inversión, la comunidad andaluza se situó en el puesto 15 de las 17 comunidades autónomas, solo por delante de Murcia y Canarias. "Es necesario aumentar el porcentaje del PIB a la Dependencia. A día de hoy es de un 1,07%, pero nosotros pedimos que este año crezca hasta el 1,58% del PIB. Comunidades como Extremadura ya lo destinan desde 2024. Eso quiere decir que si Extremadura, que tiene un peor desarrollo económico que Andalucía, puede hacerlo, nosotros también", argumenta el portavoz de la federación.

El balance deja una fotografía con dos caras. Andalucía ha logrado reducir algunos tiempos de espera, especialmente una vez reconocido el grado, pero sigue lejos de los plazos legales y de la media nacional. Y, mientras tanto, miles de personas continúan atrapadas en un procedimiento que, para demasiadas familias, llega tarde.